La política santafesina se apresta a librar una de las batallas de mayor voltaje del gobierno de Omar Perotti, que arrancará formalmente esta semana cuando lleguen a la Legislatura los pliegos de autoridades del Servicio Público de Defensa y especialmente el MPA, órgano sensible del sistema de Justicia de la provincia. 

Advertencia: no habrá en este texto opiniones respecto de la calidad de los candidatos y candidatas a cubrir las cruciales vacantes, en tanto los aspectos técnicos exceden largamente los conocimientos del autor de la nota. Como bien se sabe, la ignorancia no impide vomitar sentencias periodísticas en una u otra dirección, pero por una vez al menos se intentará evitar ese carril. 

Lo primero que se debería dejar expresamente aclarado es que la designación es un acto estrictamente político. En el marco del Consejo de la Magistratura se abren concursos en donde los postulantes son evaluados por jurados cuyos integrantes representan al Poder Ejecutivo, abogados, magistrados y académicos. Por si hay algún desprevenido: esas personas llevan consigo no sólo la aptitud profesional sino intereses muy concretos, sectoriales e incluso particulares, justamente lo contrario de lo que invoca la musiquita de que se trata poco menos que de impolutos tribunales celestiales despojados de la mundanal ambición del ser humano. 

Esos jurados seleccionan ternas para cada cargo y las elevan al gobernador, quien puede elegir entre los tres postulantes a discreción, más allá de la orden de mérito. Luego de ese filtro llega el turno de senadores y diputados, que en Asamblea Legislativa aprueban o rechazan los pliegos. Pueden quedar firmes también de manera ficta, es decir por el mero paso del tiempo en caso de no tratarse en un plazo determinado. 

En ese contexto, naturalmente, las diferentes fuerzas políticas tironean por imponer a sus postulantes preferidos, de acuerdo al peso que cada una tienen en el proceso de decisión, amén los lobbies externos que, aunque no los veamos, siempre están. Y así se llegan a acuerdos que necesariamente implican intercambio de figuritas. 

Hay ejemplos muy gráficos al respecto. Uno de ellos son los ex fiscales regional y adjunto de Rosario, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, detenidos y destituidos por participar supuestamente de una organización criminal de juego clandestino. Según los fiscales Edery y Schiappa Pietra, el senador Armando Traferri es el comandante de esa banda. Los pliegos de ambos fueron enviados a la Legislatura por los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. 

El segmento del peronismo liderado por el senador sanlorencino, a su vez, votó el ingreso de –literalmente- decenas de funcionarios políticos del Frente Progresista a la Justicia penal. En ese listado está incluido el propio Schiappa Pietra, que días atrás casi termina a los golpes con Traferri. Varios de ellos incluso fueron abogados del estudio del ministro de Justicia de Héctor Superti, que tuvo a su cargo precisamente la puesta en práctica del nuevo sistema judicial. Como en los 80’ el viejo estudio Cerutti, pero sin mala prensa. 

El caso Sain es sumamente revelador en ese sentido. La auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicih (hoy en carrera para ser fiscala general), y el actual director del Organismo de Investigaciones de esa institución fueron decisivos para la extirpación del controvertido ex ministro. Junto al ex funcionario cayó una aliada suya, la entonces jefa de inteligencia Zona Sur, Débora Cotichini, quien designó como abogado defensor a Juan Lewis. Todos y todas, de uno y otro lado, fueron funcionarios políticos del Frente Progresista. 

Con este prisma deben ser observadas las argumentaciones y objeciones públicas de estos días sobre las y los postulantes, en las escaramuzas previas a la batalla legislativa. La exigencia de que el nuevo fiscal general sea rosarino para así combatir de cerca la violencia criminal, por ejemplo, es en realidad una maniobra discursiva para intentar eliminar de la disputa al único santafesino de la terna, el veterano camarista Roberto Prieu Mántaras, sobre quien se abate en estas horas una torrencial lluvia ácida. 

La Justicia independiente son los padres, se podrá ironizar no sin razón. No está mal que así sea. La idea de que jueces y fiscales vivan en una nube, indiferentes a los humores sociales, es más propio de una casta oligárquica que de un sistema judicial democrático. Lo que sí sería deseable es que, más allá de los padrinazgos, el poder de la persecución penal no derive en persecución política. Y que los estándares de eficacia se eleven sensiblemente ante el baño de sangre que padece la provincia de Santa Fe. 

Porque al final del día, como siempre, lo que importan son los resultados.