El presidente Alberto Fernández anunció este martes el "refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1400 efectivos disponibles" para Rosario y la participación del Ejército, a través de la compañía Ingenieros, para "la urbanización de los barrios populares" de la ciudad. La fuerza, según el gobierno nacional, no tendrá injerencia en materia de seguridad, procedimientos, detenciones y actuará como brazo pacificador. La medida generó diversas opiniones en todo el arco político, tanto a favor como en contra. 

El primero en opinar sobre la decisión presidencial fue el diputado provincial Carlos Del Frade, quien advirtió a Rosarioplus.com que la llegada del Ejército con la excusa del narcotráfico “es muy peligrosa". "En otros países de Latinoamérica esto terminó en genocidios, en más narcotráfico y más lavado de dinero. No se trata en este caso, según dijo el presidente, sino en colaborar con las urbanizaciones por lo que habrá que pedir conocer dónde van a ser esas urbanizaciones y cuál será el nivel de compromiso”.

“La llegada de más fuerzas federales no es garantía de nada. El año pasado tuvimos el mayor número de homicidios con el mayor número de fuerzas federales en Rosario, por este motivo nos preocupa mucho el anuncio presidencial. Con el atentado al supermercado de la familia Roccuzzo advertimos que se iba a usar a Rosario como prueba piloto de la participación del Ejército en esta cuestión de delitos de bandas narcos-policiales barriales, por lo cual no se justifica para nada, es un problema de política interior santafesina, donde los grandes partidos no se animan a sacar los nichos de corrupción de la policía”, señaló el legislador.

Por último, dijo estar preocupado porque en el mensaje presidencial “no hubo una sola palabra sobre el lavado de dinero, el control de los puertos privados y las armas que hoy se consiguen en la ciudad con enorme facilidad, situaciones que sí le competen directamente".

Desde el radicalismo, el ex ministro de seguridad de la última gestión del Frente Progresista y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “todo anuncio es bienvenido, pero el Gobierno nacional nos viene mintiendo hace tres años". Además, dijo que la Nación junto al gobierno provincial “subestimaron el problema, permitieron que los narcos operen desde el servicio penitenciario, abandonaron la prevención y no detuvieron a organizaciones criminales porque no investigaron”.

Del lado de la izquierda el repudio fue generalizado. El referente de este sector en Santa Fe, Octavio Crivaro, uso sus redes sociales para hacer conocer su descontento. “Alberto Fernández, ante la conmoción generada por las balaceras, anunció el envío de más fuerzas federales e incluso del Ejército, lo que implica un salto importante. En Rosario ya hubo más de 10 desembarcos de tropas y no bajó ni un solo índice de criminalidad. No solo eso, sino que jefes de fuerzas federales quedaron también involucrados en el narcotráfico, como sucedió con el jefe de la Policía Federal. Lo que sucederá con estas nuevas "tropas" es que el dinero que genera el narcotráfico las corromperá también”, escribió.

Por ultimo desde el oficialismo, el diputado provincial Leandro Busatto celebró la decisión y dijo que su valoración “es positiva” porque en primer lugar es “necesario reforzar la cantidad de agentes federales". También celebró la decisión de darle curso a dos medidas que se habían anunciado como es la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario y la incorporación de 600 cámaras de reconocimiento facial.

En cuanto al desembarco del Ejército dijo que es positivo porque las experiencias que tuvo esta fuerza en los últimos años “interviniendo en urbanizaciones y otras actividades permitidas por la Ley de Defensa Nacional fueron todas exitosas y además hoy este gesto simbólico lleva tranquilidad a los vecinos que generan un espacio de empatía con las Fuerzas Armadas”.

“Dentro de lo permitido y lo legal es lo que corresponde hacer en un momento excepcional como este, que amerita respuestas excepcionales. También creo que todas las herramientas que el presidente ha enviado tienen siempre la característica instrumental, nunca es un fin en sí mismo, esto quiere decir que en la medida que no haya un acuerdo social y político de intervención  al cortísimo plazo, y respecto al mediano y largo plazo, va a ser muy difícil que la situación cambie”, expuso.

Sobre las acciones del corto plazo hizo un paréntesis y sostuvo que existe un actor fundamental “en esta película y que está ausente todavía que es el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el procurador Casal tiene la enorme oportunidad de enviar fiscales auxiliares y la creación de una unidad especializada porque lo permite la ley en este tipo de circunstancias, sin ningún acuerdo parlamentario”.