El presidente Alberto Fernández inaugurará el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el último de los iniciados en su Gobierno desde diciembre de 2019 que, por ello, tendrá una cuota de repaso y defensa de su gestión y una perspectiva marcada por las elecciones de este año. En ese sentido, ¿dará señales para competir por su reelección?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la encargada de los rigores formales del acto y de recibir al mandatario en la explanada del Palacio Legislativo de la avenida Entre Ríos, para luego escoltarlo al salón Azul del Senado para la firma del libro de actas. Será la foto de la jornada tras la interna en el Gobierno que no se extingue.

La ceremonia y el discurso de apertura podrá seguirse a través de la página web oficial y del canal en YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Sobre todo, por las intenciones de Fernández de competir por la reelección. De hecho, sin hablar directamente de candidaturas, el Presidente hará una fuerte reivindicación a su gestión con el espíritu de los carteles que se vieron en Buenos Aires: A23. Por lo que hicimos y por lo que falta hacer.

En las anteriores ocasiones frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández hizo señalamientos al endeudamiento nacional por parte del Gobierno de Macri, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que el año pasado un grupo de diputados del PRO se retiró del recinto.

En un ambiente en el que se debate acerca de la proscripción de la Vicepresidenta de cara a las próximas elecciones, Fernández tendrá la oportunidad de reiterar un tópico que ha sido mencionado en sus tres anteriores discursos ante la Asamblea Legislativa: el funcionamiento del Poder Judicial y su reiterado pedido de reformar la justicia.

En 2020 habló de un proyecto de reforma judicial para "ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial"; en 2021 le pidió al Congreso que "asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", y el año pasado dijo que la reforma que impulsó fue "resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas". Este año, ¿le dará el gusto a la vicepresidenta de hablar de proscripción tras la condena que le aplicaron?

Por lo pronto, esta vez, el escenario estará aun más enrarecido: la Corte Suprema repuso una ley derogada para tomar el control del Consejo de Magistratura, falló en favor de la Ciudad de Buenos Aires declarando inconstitucional una ley del Congreso sobre la distribución de fondos federales y el Ejecutivo impulsó un proceso de juicio político a los integrantes del máximo tribunal que se tramita en la Cámara de Diputados.