"El Estado debe ser capaz de llegar a los barrios antes que el sistema penal"

Jaquelina Balangione tiene el curioso honor de haberse retirado aplaudida de la Cámara de Diputados tras dar un informe de gestión como funcionaria provincial. Fue en su rol como defensora penal, cargo directivo que ocupó durante seis años hasta su reciente jubilación.

“Logramos poner en el debate público la problemática carcelaria, que es una de las aristas más importantes de la seguridad”, señala como una de las virtudes de su mandato que, reafirma, “fue reconocida por todos los sectores políticos”.

Sobre el sistema penal considera que “hoy las cárceles no pueden cumplir con su fin” y que “la política criminal está produciendo presos pero sin dar respuestas”.

Por eso plantea la necesidad de “un modelo de justicia restaurativa”: “El Estado tiene que llegar mucho antes y a través de programas sociales, sin esperar a que el sistema penal realice el primer contacto con la persona”, asevera.

También cree en una reforma “cuidadosa, oportuna y tranquila” de la Constitución provincial.

Pero ya jubilada del sistema judicial penal, Balangione apuesta por llevar su experiencia a la Legislatura local. “No lo tenía en mis planes, pero fue un pedido directo de Cristina Kirchner”, señala para remarcar que no quedó otra que “aceptar el honor” de aspirante a legisladora.

Participará en la lista encabezada por Alejandra Rodenas, dentro del armado de Marcos Cleri: “Me parece un joven muy comprometido y sumamente compenetrado con la política y con toda la actualidad local, y que sabe de todo”, dice sobre este último.

De cara al nuevo desafío, augura: “Me parece una lista joven y alternativa divina. Estoy segura de que nos va a ir muy bien. Nos vamos a romper el alma para lograr los mejores números."

—Hace poco terminó tu mandato al frente de la Defensoría Penal: ¿Qué balance haces de tu gestión? 

—Fue el fin de mi carrera en el Poder Judicial. Un trayecto que inició en 2006 cuando entré como secretaria en el Juzgado de Menores. Al año y medio alcancé el cargo de jueza penal en primera instancia. Lo ocupé durante siete años y medio. Luego, y siempre por concurso, salí primera para oficiar de camarista penal. Y en 2013 asumí como defensora penal de la provincia. 

Hago la referencia como para marcar el hilo conductor de mi carrera. Empecé como secretaria de menores y terminé como defensora penal. Es decir que mi vinculación en el Poder Judicial siempre fue dentro del fuero penal. Tiene que ver con mi vocación siempre ligada a una problemática social.

Además tuve un estudio jurídico y también me gradué y me desempeño como docente de procesal penal en la UNL y en posgrados de otros lados del país. También doy clases de derecho y de género.

Considero que mi gestión en la Defensoría terminó con un saldo positivo. Logré una readecuación del organismo, porque cuando lo agarré estaba bastante desarmado y muy poco organizado.

Fue un trabajo sostenido a lo largo de seis años para el fortalecimiento institucional interno del organismo.

—¿Podés dar algún ejemplo o datos de ese crecimiento?

—A diciembre de 2022 lo dejé con el ciento por ciento de la planta de personal cubierto. Parece poco pero fue mucho trabajo. Son unas 350 personas en total. Llevó mucho tiempo de gestión y es una arista de la que estoy absolutamente satisfecha. También logramos una ejecución presupuestaria in crescendo. Se compraron tres inmuebles y se refuncionalizaron otros siete. Se consiguió una planta de más de 30 autos. Trabajamos mucho en el territorio y tenemos defensores en casi toda la provincia. En ese sentido fue óptimo.

También quedé sumamente conforme con el trabajo de la Defensoría en general. Incluso con el Covid de por medio, que nos aumentó muchísimo el trabajo. La Defensa Pública fue la que mantuvo en funcionamiento el sistema penal de Santa Fe, sosteniendo los reclamos de las personas privadas de su libertad que tenían sus salidas laborales y transitorias suspendidas. Tuvimos que recorrar las cárceles en un contexto de mucha soledad.

Pero el balance fue muy bueno porque creció y se visibilizó mucho más nuestro trabajo. Fuimos reconocidos tanto a nivel judicial como político. En mi último informe en la Legislatura tuve la aprobación de todos los sectores políticos. Terminé con un aplauso, algo bastante inédito. Reflejé en números todo lo incrementado durante mi gestión, especialmente en lo relacionado a los registros de violencia institucional y tortura.

Aisladamente parece todo muy parcial y que trabajamos solo en defensa de quienes cometen delitos, pero siempre hago hincapié en que es un prejuicio que solo contempla una parte de la problemática. Porque es una labor que apunta a la paz social.

Además desde la Defensa Pública siempre fuimos muy críticos. Demostramos y logramos poner en el debate público la problemática carcelaria, que es una de las aristas de la seguridad. Existe una realidad social muy dura y muy triste, particularmente en Santa Fe y en Rosario. A mi modo de ver se da una respuesta parcial y erronea que no está a las alturas de las circunstancias.

—¿En qué sentido?

—Cuando recorremos las cárceles, por ejemplo en Coronda, observamos que hoy las cárceles no pueden cumplir con su fin. No resocializan a la gente ni lo pueden hacer. Están mal gestionadas y no cuentan con buenas condiciones laborales en el Servicio Penitenciario. También hay focos de corrupción hacia su interior.

Es parte de un desmanejo del sistema carcelario, en el marco de una política criminal que produce muchos presos y con un sistema judicial con mucha vocación de encierro. De 3500 presos pasamos a casi 10 mil en solo ocho años. Y son las mismas cárceles, salvo un establecimiento nuevo en Rosario y algunos pabellones en Las Flores.

La carcel de Coronda tiene capacidad para 1600 internos: hoy tiene 800 presos de más. Hay una sobrepoblación de un tercio. El 50 por ciento no tiene hecha la escuela primaria. El pibe que no completó la escuela, por lo general, tampoco completó su plan de vacuncación, no comió bien, no fue al dentista y suelen presentar problemas ligados al consumo problemático. No solo de drogas ilegales. También de otras legales que son suministradas en gran medida adentro de las cárceles.

Por eso la política criminal tiene que abrirse un poco. Que no de solo una respuesta punitiva y dirigida a esos grupos de menores recursos económicos, que suele coincidir con las periferias de las grandes ciudades y que son atravesados por todo tipo de vulnerabilidades. Sobre ellos es donde más fuerte hoy recae el sistema penal.

—Te quedó alguna deuda pendiente en el fuero penal?

—Una específica que la milité durante toda la gestión: la de convertir a la Defensa Pública en un ministerio, unificando las defensas penal y civil en un solo organismo que trabaje bajo un mismo criterio y que no dependa de los jueces o de la Corte. Si tengo el acompañamiento de la gente, como diputada provincial voy a trabajar por ese tema.

En su momento lo hablé con los distintos gobernadores y jueces, quienes siempre me transmitieron su consentimiento. Pero luego no se concretó en los hechos. Pero es un cambio que va a repercutir en la paz social y traer soluciones a los problemas de seguridad. Se necesita de una mirada seria y a largo plazo, además de una respuesta urgente a las balaceras y homicidios cotidianos. Son cuestiones ligadas no solo al narcotráfico sino también al lavado de dinero. Es un tema muy largo y complejo.

Si no se atacan las causas del problema seguirá siendo un generador de múltiples problemas. Entre ellos el de la captación de mano de obra muy barata en los barrios más humildes, donde además hoy impacta con toda su fuerza el sistema penal. Tenemos que trabajar por fuera de la política criminal y con el Estado por un abordaje de tipo socio integral. Me refiero a garantizar salud, alimentación, educación…

—Federico Lombardi nos planteó que el ojo penal prioriza este tipo de delitos (y sujetos pasibles de detención) en detrimento de otros como el lavado de activos, donde suele estar la raíz del problema: ¿coincidis?

—Totalmente. Pero sucede en todo el mundo, no solamente acá. Por supuesto que acá la pobreza repercute un poco más y produce una cantidad abrumadora de gente presa sin ton ni son. Y salen empeorados, porque el Estado no puede realizar un verdadero plan de resocialización.

Dentro de las cárceles hay mucho tiempo ocioso, sin más para hacer que escuchar música o terminar consumiendo estupefacientes. Además hay pabellones donde están mezclados procesados y condenados por distintos tipos de delitos. Esto supone un grave problema, si pensamos que el 70 por ciento de los presos son primarios (es decir, que cursan su primer encierro), varones jóvenes que suelen caer por delitos leves.

Es un problema porque son penas cortas que postulan un paso mínimo por la cárcel, donde son captados por peces gordos que sí cumplen penas largas y los utilizan como nexo con el afuera.

También nos focalizamos mucho en los presos pero nos olvidamos de las víctimas, que potencialmente somos todos. Todos padecimos algún hecho de inseguridad. Y al grupo de víctimas tampoco se le da una respuesta con este tipo de encierros carcelarios. Porque la política criminal está produciendo presos, pero sin dar respuestas.

—¿Cómo se puede revertir esta situación?¿Es realmente posible?

—Hay que utilizar las herramientas disponibles. Tenemos una Constitución y un Código Penal que establecen delitos con pena de cárcel. Pero hay que focalizarse en los delitos graves. Y con los presos se debe trabajar para resocializarlos, para que no vuelvan a cometerlos.

En cambio, salir a cazar pibes vulnerables con una red no lleva a nada. No hay que felicitarlos ni mucho menos, pero tampoco meterlos en prisión junto a quien mató o cometió un delito grave. Más si se piensa en que la mayoría de los homicidios tienen a estos jóvenes como víctimas. Salen de esos mismos círculos. Lo dijo el ministro (Claudio) Brilloni.

Por eso creo que necesitamos un modelo de justicia restaurativa. Trabajar con criterios que apunten a medidas socioeducativas sin esperar a que el sistema penal realice el primer contacto con la persona. El Estado tiene que llegar mucho antes y a través de programas sociales.

Hay que meter más los pies en el barro. En campaña aparecen muchos funcionarios que hablan pero que nunca fueron al barrio o a una cárcel. Es una tarea necesaria para tener una mirada más humana de lo que sucede.

También se necesita de una mano de obra que se capacite y se vincule con toda la capacidad productiva de la provincia. Hay que planificar la población y la producción. Vivmos en una provincia rica. No podemos vivir con esta sensación de miedo.

—Supongo que estas inquietudes te llevaron a sumarte a la política como candidata a diputada por la lista de Alejandra Rodenas: ¿querés contarnos un poco sobre este paso?

—Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo. Solo conocía a Alejandra Rodenas, que no es amiga pero con quien tenía contacto desde la época en que ella era jueza. Siempre fue un vínculo muy profesional. Me parece una persona con mucha trayectoria y muy comprometida con la política. Que va siempre en la misa dirección.

En realidad quien me llamó fue Florencia Carignano, a quien conozco desde la época en que trabajaba en el Ministerio de Justicia nacional durante el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner). Fue un pedido directo de CFK, que me puso en un compromiso y me pareció un honor. No lo tenía previsto, pero obviamente no pude decir que no. Si bien no vengo de la militancia, comparto sus ideas.

Y me encontré con un grupo muy amoroso, lleno de gente joven y con muchas ganas de hacer. Estamos recorriendo muchos barrios, especialmente con Alejandra Obeid. Estoy muy feliz.

Duré 15 días jubilada. Esto también quiero marcarlo, porque al percibir una jubilación no puedo cobrar la dieta legislativa. Podría haberme quedado en casa y sería lo mismo en términos económicos. Me estoy complicando la vida porque quiero. Y si llego a la banca, mi dieta se la devolveré al Estado. Me parece que está bueno contarlo, sin ánimos de sacar chapa.

Conmigo no existen los ñoquis ni la vagancia. Siempre generé excelentes ambientes de trabajo. Es mi compromiso.

—¿Es Marcos Cleri tu candidato en la interna peronista a la gobernación?

—Sí, claro. El ya me venía llamando con otras propuestas que no me terminaban de cerrar. Me parece un joven muy comprometido. Tengo 58 años, así que lo ví crecer políticamente. Me encanta escucharlo. Las veces que recorrimos la provincia me pareció una persona sumamente compenetrado con la política y con toda la actualidad local. Sabe de todo. Está ubicado en economía, producción, política social, también sobre las herramientas disponibles para las empresas y el desarrollo de las pymes. Es muy atento al desarrollo educativo.

Me parece una lista joven y alternativa divina. Estoy segura de que nos va a ir muy bien en las internas. Nos vamos a romper el alma para lograr los mejores números.

—¿Cómo ves al peronismo santafesino?

—Hace un mes atrás tenía otra visión, pero creo que más allá de las discusiones, que son siempre sanas, el peronismo sabe organizarse y transitará una interna limpia. Nadie quiere posicionarse en las debilidades del otro.

El resto de los sectores sabrán lo que hacen. Veo algunas improvisaciones, con partidos metiendo gente bonita o de trascendencia pública para generar algún atractivo. Pero cuando empezamos a escucharlos atentamente, nos damos cuenta de quién realmente sabe lo que es tener la lapicera más importante de una de las provincias más importantes del país. No la puede tener cualquier persona, sin desmerecer a nadie. Hay quienes están más formadas que otras.

Creo que los 40 años de democracia nos enseñaron muchas cosas, y que van a ser pocos quienes votarán a los que dicen locuras o que no tienen más virtud que aparecer en televisión.

—De conseguir una banca, ¿qué temas legislativos te parece importante tratar?

—Tengo ideas truncas de mi gestión como defensora penal. Principalmente la ley de defensa integral que ya mencioné. Poder tener una Defensa Pública integral que le garantice el acceso a la justicia para todas las personas con una situación jurídica sin resolver. A mediano plazo trae paz social, porque permite un abordaje más temprano de los conflictos, sin esperar a que la problemática se vuelva penal. Siempre hay una problemática civil previa.

También crear una oficina de denuncia de violencia doméstica y de violencia de género. Que sea única como a nivel nacional. Que haya un solo lugar donde todas las personas que se consideran víctimas sepan que se debe ir a una oficina única en Tribunales, donde luego te derivan. Un sistema que clarifique y ayude a moverse en el sistema jurídico.

Me interesa además todo lo que esté a favor de la producción local y que sirva para apoyar a las pymes y al pequeño productor agropecuario. Son tareas que repercuten mucho en toda la provincia.

En cambio, no soy amiga de producir muchas leyes. Me gusta ceñirme a la Constitución: menos leyes y más Constitución. Si bien hay un digesto que las mantiene actualizadas, se debería trabajar en una limpieza legislativa para ver cómo funcionan entre sí. Porque en ocasiones se pisan o superponen.

Trabajaré por la inclusión, por el desarrollo de la producción, por el acceso a los créditos, por toda política social… en este plano siempre tendrán mi apoyo. Pero sin tantas leyes.

—¿La Constitución debería ser actualizada?

—Creo que sí. Es una deuda. Pero creo que tenemos una buena Constitución. Por eso nos debemos una reforma cuidadosa, oportuna y tranquila. No volverse locos y hacerlo solo a los fines de la reelección. Hay muchas otras cuestiones por aggiornar o debatir. Y siempre en clave constituyente, no legislativa.

Una de las cosas a revisar es el sistema penal judicial. El Ministerio Público de la Acusación, que debería ser un Ministerio de la Defensa como a nivel nacional y en casi todas las provincias, hoy están dentro del Poder Judicial por Constitución. Pero deberían estar por fuera, con las mismas garantías que los jueces.

El sistema disciplinario de jueces y fiscales tampoco debería estar exclusivamente en manos de la Legislatura.