"En el radicalismo ganó la cultura política conservadora y neoliberal"

Resulta hasta lógico pensar en la cantidad de veces que el diputado provincial Fabián Palo Oliver habrá tenido que hacer de tripas corazón para mantener su fe política intacta o la debida compostura institucional.

Al menos, es lo que se desprende al esucharlo hablar tanto de los acontecimientos políticos que rodea al partido del que (por el momento) permanece afiliado, la Unión Cívica Radical, como de los debates que (no) se vienen dando en la Legislatura santafesina.

Esto porque, desde su punto de vista, el radicalismo “hoy está parado en un lugar que no representa sus banderas históricas”, una situación que se da “no solamente en función de las posiciones políticas que vienen tomando el partido desde hace un tiempo, sino por su pretensión en declarar el fin de las ideologías”.

Es tal su desapego correligionario, que ya rompió con la bancada oficial de Diputados y hasta piensa en desafiliarse: "No me gusta ser indiscplinado", confiesa.

En paralelo, trabaja junto a sus par Carlos del Frade “en una alternativa de centro-izquierda junto a otros dirigentes que en su momento formamos parte del Frente Progresista, como Libres del Sur, Bases o Igualdad”.

“No somos antiperonistas, pero tampoco peronistas porque sino estaríamos dentro del Frente de Todos”, aclara, al tiempo que avisa que no presentarán candidatos a gobernador. Por ello, no es de extrañar que tras las Paso “cada dirigente brinde su apoyo personal a quien considere necesario”.

Sobre su labor parlamentaria y en materia de seguridad pública, Palo Oliver no duda en señalar que la reforma policial es “la gran deuda de la Legislatura provincial”: “Ya no existen nichos de corrupción, sino una estructura que está corrompida y donde subsisten nichos de honestidad”, señala sobre la ola de “violencia narcopolicial” que preocupa a Rosario y la provincia.

Según entiende, parte de la solución a este respecto pasa por dotar de mayores herramientas al Ministerio Público de la Acusación, en trabajar sobre los circuitos de lavado de dinero y en generar dispositivos para contener a las y los pibes sumidos en adicciones. También el “atender el funcionamiento de la Corte santafesina, una de las peores a nivel país y la que garantiza los procesos de impunidad más grandes que atraviesa Santa Fe”.

Tampoco ve con buenos ojos la labor del Ejecutivo encarnado en Omar Perotti: "Estamos frente a un Estado que perdió la capacidad de represión, pero que tampoco adopta medidas de prevención y de recuperación a los pibes que son adictos".

Como parte de la Comisión de Seguimiento, hizo además un análisis de la causa Vicentín: “Los culpables van a ser condenados, pero todavía es una incógnita qué va a pasar con los trabajadores de la terminal Reconquista-Avellaneda".

Por último hace un balance de su Santo Tomé natal: “No tiene proyección de futuro ni un plan de gobierno que apunte a la continuidad. Se nota un equipo cansado y una conducción que no es acorde a la gran demanda que hoy tiene la ciudad."

—¿Cómo calificaría el nivel de debate que se viene dando en la Legislatura, de cara a la apertura del nuevo período ordinario?

—En términos institucionales, una constante de la gestión de Omar Perotti fue la falta de diálogo entre la Legislatura y el Gobierno provincial. Hubo una incapacidad por parte del gobernador en construir consensos. De hecho, los bloques del Partido Justicialista muchas veces se sorprenden tanto como nosotros de los mensajes que envía.

También es cierto que comienza un año electoral, de transición, y se tratará de aprobar aquellos mensajes que en su momento el gobernador envió y que nunca se trataron. Entre ellos, los que tienen que ver con la reforma policial.

—¿Qué postura tiene al respecto?

—En su momento, como diputado del Frente Progresista, dimos el debate hacia dentro del bloque. Soy un convencido de que es una deuda de la Legislatura provincial. La policía de Santa Fe es uno de los problemas que tiene la seguridad pública democrática. Ya no existen nichos de corrupción, sino una estructura que está corrompida y donde subsisten nichos de honestidad. Está contaminada. Hay que preparar una nueva policía con mayor capacitación y profesionalidad.

También se debe fortalecer el Ministerio Público de la Acusación. La Legislatura tiene parte de responsabilidad en este sentido, en especial en lo que hace al control interpoderes y al rol de la Legislatura en el control de fiscales. Esto, porque hay un permanente disciplinamiento a través de la modificación de la ley 13.013, que estableció el mecanismo de sanción de jueces y fiscales. No existe ningún lugar de la democracia con buena calidad institucional que tenga el modelo de Santa Fe. No puede quedar el control en exclusiva potestad de los legisladores.

—¿A qué se debe esta situación y la falta de voluntad que observa para su modificación?

—Tiene su razón de ser en cierto interés del Senado por condicionar y disciplinar a los fiscales que investigan hechos delictivos y de corrupción que vinculan a algunos de los actores de la política. Por eso hay que trabajar fuertemente en retomar un sistema que sea absolutamente distinto al que tenemos hoy. Son cuestiones pendientes de la Legislatura y no hay vocación de los bloques mayoritarios para modificarlo.

No hay vocación tampoco para discutir una nueva ley policial. Estamos reclamando de que la situación que se da en Rosario es sumamente grave, pero en tres años no hubo vocación por parte de los actores más importantes para discutirlo. Esto no es responsabilidad del gobernador sino de la Legislatura, porque se envió un proyecto que perdió estado parlamentario.

Hay entre seis y ocho proyectos de ley para discutir una nuevo ley policial, yo soy autor de uno de ellos, donde también planteó modificaciones para mejorar el MPA. Presentamos proyectos para igualar las tareas de los fiscales adjuntos y los titulares, así como equipararlos en la cuestión salarial. Pero es un año electoral y es muy difícil que en la agenda pública se prioricen las necesidades de la provincia. Aunque las cuestiones de seguridad pública van a formar parte de la campaña electoral, y quizá sea una oportunidad para discutir en la Legislatura. Pero no soy muy optimista en que podamos llegar a un acuerdo para plantear una ley de reforma policial. Es una discusión que algunos no quieren dar.

—El Senado finalmente dio media sanción a la Emergencia en Seguridad, ¿qué opinión tiene sobre este proyecto?¿Lo votará?

—Nosotros la hubiésemos votado hace tiempo. Hay actualmente una posición dominante de los bloques mayoritarios, principalmente del socialismo y del radicalismo, en incluir algunos puntos como la duración de la medida. El gobernador la planteó hasta diciembre de este año y la idea es que se prorroge al menos por un año más, bajo el argumento correcto de que el próximo gobierno también estará en emergencia.

Pero es importante votarla porque en definitiva sirve para acelerar los tiempos burocráticos para la compra de insumos o el ingreso de personal. Estamos para votarla y celebramos que la apruebe el Senado de la provincia.

Más allá de la responsabilidad del gobernador en lo que respecta al fracaso de las políticas de seguridad pública, lo cierto es que es una herramienta necesaria. Tiene que haber una excepción en los mecanismos de compra e insumos.

—¿Qué otos debates considera importante dar?

—Nuestra agenda legislativa contempla muchos problemas estructurales que no se están resolviendo. En materia policial no solo que no alcanza con tener las leyes mencionadas, sino que falta acordar cuatro o cinco acciones con continuidad en el tiempo. Lo que comunmente se conoce como política de Estado.

Hace pocas sesiones marqué un ejemplo del absurdo de la política en Santa Fe. Veníamos de una gestión con el exministro (Maximiliano) Pullaro, donde la consigna era que todo el personal policial debía estar en la calle para hacer tareas de prevención. Para eso se cerraron comisarías y se abrieron los Centros Territoriales de Denuncia, que como concepto es bueno: un lugar que depende del Ministerio de Seguridad pero atendido por personal civil, de modo que los policías puedan estar en la calle.

Cuando asume Omar Perotti, su ministro de Seguridad (Marcelo) Sain lo mantuvo, pero cuando se fue volvieron a cambiar el criterio para rejerarquizar las comisarías. Eso significó perdida de tiempo y de recursos humanos y económicos. No puede ser que cada tres años se ande cambiando la concepción de las fuerzas y el funcionamiento de todas las herramientas con las que cuenta el Ministerio de Seguridad. Son temas puntuales que necesitan de un gran acuerdo democrático por parte de todas las fuerzas políticas e instituciones.

En paralelo, considero que hubo un avance en lo que respecta a la figura de las víctimas, a partir de la creación del Observatorio de Víctimas por iniciativa del diputado (Oscar) Martínez. Hoy se las escucha a partir de una figura muy interesante. Pero también hay que discutir el fondo. No nos van a encontrar en la simplificación de que los problemas de violencia en la provincia de Santa Fe se resuelven con intervención de las fuerzas armadas. Es una discusión mentirosa, además, porque necesita una modificación en la ley de seguridad interior, o habilitarlo por decreto. Pero como están las cosas, no es posible.

Por eso se necesita discutir intervenciones multiagenciales en la provincia de Santa Fe. El Estado provincial tuvo un retroceso en este sentido, abandonando políticas públicas que se llevaron a cabo durante los gobiernos del Frente Progresista como el Plan Abre o las intervenciones barriales.

—¿Cómo ve la situación actual de los barrios más vulnerados del Gran Rosario y del Gran Santa Fe?

—Los barrios fueron ganados por las bandas narcopoliciales, un concepto que nos gusta utilizar porque entendemos que la policía es parte del problema. Todas las bandas narcocriminales cuyos líderes fueron sometidos a juicio y encarcelados contaban con presencia de policías. Por eso la solución pasa por construir una nueva policía.

Esas cuestiones no están en la agenda de la discusión pública de Santa Fe. Tampoco cuánto destina el Estado para atender los consumos problemáticos. Desde el progresismo debemos asumir algunas discusiones que muchas veces no se dan porque no garpan. Por ejemplo: no estoy de acuerdo con que en la provincia de Santa Fe exista una ley de narcomenudeo, porque la discusión no pasa por si la policía de Santa Fe tiene mayores posibilidades de persecución en la venta de estupefacientes. No solo que no lo creo, sino que será una caja aún más grande de la que dispondrán. El problema va a ser mayor, y en el mejor de los casos no va a resolver nada porque tumbar un bunker significa que en pocas horas se construya otro al lado.

Se debe trabajar en la prevención del delito y en la recuperación de los adictos. Hoy no se hace nada para que los pibes sin cobertura social puedan atenderse, y sus madres andan paseando y rogando por oficinas públicas para poder salvarlos. Personas que necesitan de atención psiquiátrica y no tienen a dónde acudir. Pero no se discute porque existe una cultura de demonización de los pibes que consumen. Obviamente que se trata de una situación innegable que plantea un combo explosivo: un pibe que consume y que no tienen recursos, en un alto porcentaje, cae en el delito. Y el concepto social bajo el que se analiza es el de un delincuente y no el de un adicto.

—¿Cómo debe encararse la discusión en torno al combate del narcotráfico?

—Es un problema de oferta y demanda, y se debe cortar con ese circuito. El Estado debe trabajar en la prevención y el abordaje de los adictos. También plantear la legalización de algunas de las sustancias hoy prohibidas. Nos guste o no, debe discutirse. No nos tiene que asustar porque interpelar lo público es el modo de encontrar soluciones.

Pero en estas condiciones, con los niveles de consumo que hay, se hace difícil que bajen los niveles de violencia. Estamos frente a un Estado que perdió la capacidad de represión, pero que tampoco adopta medidas de prevención y de recuperación a los pibes que son adictos.

—¿Está muy lejos de darse un debate sobre la legalización de determinadas drogas?

—Creo que sí. Nuestro país entró en una época de conservadurismo muy fuerte. No es nada nuevo: cuando la democracia no garantiza los derechos humanos básicos, la salida suele ser el fascismo y el autoritarismo. Y estamos en la antesala de que el ciudadano y el pueblo argentino busque esas soluciones. Se ve en el crecimiento de fenómenos como (Javier) Milei, un emergente del fracaso de la democracia en términos de garantizar derechos. Tenemos un país con altos niveles de exclusión y pobreza.

—Además de las medidas de prevención y la aplicación de políticas sociales en los barrios más abandonados: ¿es importante atender también al delito de “guante blanco”?

—Sin dudas. Atender todo el entramado relacionado al lavado de dinero. Hablamos de sectores que forman parte del sistema inmobiliario y financiero, de estudios contables y jurídicos… son discusiones a dar.

No soy abogado, pero tampoco estoy de acuerdo con el libre ejercicio del abogado penal. Las defensas en estos casos debieran ser públicas, para cualquier tipo de delito. Porque también considero que el ejercicio libre de esta rama de abogados forma parte del problema, porque el entramado del lavado de dinero también necesita de muchos de estos profesionales.

Rosario tiene la particularidad de que el lavado de dinero se propagó a través del mercado automotor e inmobiliario. Se tomaron algunas medidas para frenar este tipo de maniobras, pero estamos muy lejos de tener algun tipo de agencia estatal como en paises como España, donde incluso los jugadores de fútbol tienen una vigilancia muy estricta.

—Celebró los resultados para renovar cargos en el MPA y el Sistema Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), ¿por qué?

—Estoy contento. Creo que Perotti le dio un golpe a la mesa judicial de Santa Fe, una estructura que está representada en la Corte Suprema provincial y que es otro de los grandes problemas que tenemos. Se habla poco de la Corte santafesina, pero es una de las peores a nivel país y la que garantiza los procesos de impunidad más grande que atraviesa la provincia. Tiene además una mayoría automática expresada, que conduce Rafael Gutiérrez, parte de la mesa judicial que permite el avance o retroceso de determinadas causas.

Son también quienes regulan el nombramiento de determinados funcionarios. Y en este sentido, el candidato de la mesa judicial era Roberto Prieu Mántaras. Es una persona que tiene, a mi modo de ver, antecedentes inconvenientes para estar al frente de la persecución penal de Santa Fe. Alguien que como funcionario judicial se opuso a la creación del nuevo sistema (acusatorio) y que participó en fallos que fueron muy cuestionados desde una perspectiva de género.

Fue un golpe y habla bien de Perotti. Quizá lo hizo porque sabía que el pliego de Mántaras iba a ser rechazado.

—A grandes rasgos, ¿qué opinión le merece el sistema judicial santafesino?

—La provincia se debe dos o tres discusiones judiciales muy importantes. Una está ganada porque se impuso la realidad, relacionado al fortalecimiento del MPA. Es un hecho que va a tener mayor presupuesto y herramientas. Pero falta atender a lo que sucede en la Corte Suprema y para eso propusimos garantizar la paridad, porque hoy cuentan con una sola mujer entre sus miembros. También se debe atender al número de miembros, porque es una cifra par y cada vez que hay un empate se debe sortear un juez para que defina. Y además se debe discutir el hecho de que hoy sean cargos eternos.

No puede haber miembros de la Corte Suprema que tengan más de 65 años, pero son los únicos funcionarios que hoy no revalidan su puesto mediante el voto popular. Los únicos que siendo parte de un organismo que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución, la están violentando. La Carta Magna de Santa Fe establece como límite de edad los 65 años, y luego se deben jubilar. Pero el único juez que cumplió con ese mandato fue Jorge Barraguirre, el padre del actual procurador que tiene el mismo nombre.

Los demás pasaron de la edad amparándose en el caso Fayt a nivel nacional, pero ninguno de los cortesanos provinciales presentó un recurso para poder continuar. Tenemos jueces que están en su cargo desde hace 20 o 25 años. Pero más allá de la falta de renovación, lo que debe quedar en claro es que el poder real en la provincia de Santa Fe está conformado por Gutierrez, (Armando) Traferri y parte del Senado. Es algo que muy se dice muy poco, pero todos en la política santafesina sabemos que son quienes condicionan a los gobernadores.

Nunca hubo vocación para destruir esa estructura que ya excede lo institucional. No pueden, por ejemplo, meter mano en los concursos para tener control sobre el MPA. Por eso hubo tanta resistencia de la Corte en cambiar el sistema por el modelo de persecusión acusatorio. Gutiérrez estuvo en contra.

—¿Incluye en este grupo al flamante presidente de la Corte, Daniel Erbetta?

—Daniel Erbetta es la excepción. Basta con ver cómo votó en los casos polémicos. Por ejemplo, todos los miembros de la Corte le dieron la razón a Traferri en que se ampare en sus fueros para no comparecer ante la Justicia. El único que se opuso fue Erbetta, quien destacó que los fueros no pueden ser un privilegio.

Pero aún está Traferri sin poder ser imputado. Esperemos que la reciente resolución de (Eduardo) Casal sirva para cambiar esto. Es vergonzoso que haya un funcionario público que no se presente ante la Justica. Ni a la entonces presidenta y actual vice se le permitió algo de ese estilo.

—Es miembro de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin: ¿cómo ve el desarrollo de esta causa?

—Quedó claro que existió un delito y quedará aún más claro cuando se procese a los responsables. Hoy sigue el proceso de investigación bajo la coordinación de dos excelentes fiscales como (Sebastián) Narvaja y (Miguel) Moreno, y en poco tiempo se conocerán los procesamientos.

Está claro que hubo una maniobra de vaciamiento de Vicentin SAIC, así como una defraudación a un número muy importante de acreedores por un monto cercano a los 1.550 millones de dólares, de los cuales una parte muy importante, unos 350 millones de dólares, eran del Banco Nación y por consecuencia de todos los argentinos.

Pero el directorio hizo una oferta que no incluyó al Banco Nación, a quienes le hicieron una propuesta tan vergonzosa como pedirle que les levanten las garantías, un procedimiento que no pede realizarse por ley.

—¿Cuál es la solución viable?¿Qué plantean desde la Comisión de Seguimiento legislativa?

—La solución sería la figura de un rescate, por parte del Estado nacional, quien en conjunto con los acreedores y los sectores privados dispuestos a invertir puedan realizar un salvataje de la empresa. Pero no hay ningún modelo que pueda significar la continuidad de la empresa, y sus fuentes laborales, bajo el actual directorio. Hay no solo desconfianza, sino que no tienen ninguna posibilidad de asociarse con otros productores de granos nacionales.

La Comisión de Seguimiento trabajo con el objetivo de que no haya extranjerización, mantener las fuentes laborales y saber dónde está el dinero fugado. Está certificado que fugaron casi 900 millones de dólares, entonces se busca saber por qué medios los sacaron.

Pero es importante que quienes hicieron campañas con el “todos somos Vicentin” se hagan cargo de lo que provocaron. Actores de la política que fueron funcionales a los directivos de Vicentin, por haber sido quienes financiaron muchas de sus campañas electorales. Por eso es tan importante también que se transparenten los gastos electorales, tanto a nivel provincial como nacional. Son financiamientos que condicionan a quienes llegan a lugares de gobierno, y que muchas veces se concreta con dinero malhabido.

Se tendrán que hacer cargo quienes demonizaron al Estado, como el senador nacional (Dionisio) Scarpin o el senador provincial (Orfilio) Marcón. Actores de la política santafesina que con la excusa de defender una empresa importante, perdieron de vista que en definitiva están defendiendo a empresarios que incurrieron en operatorias defraudatorias muy grandes.

—¿Qué cree que va a pasar con los acusados?

—Van a ser condenados y se va a terminar haciendo justicia. Es una incógnita qué va a pasar con los trabajadores. Desde la empresa señalan que la solución debe establecerla un acuerdo entre la mayoría de los acreedores pero no lograron el aval del acreedor privilegiado, que es el Banco Nación.

Y la otra cuestión, para nada menor y que ex-profeso tratan de ocultar, es que a los actuales socios de Vicentin no les interesa la continuidad de la terminal Reconquista-Avellaneda, lo que significaría la pérdida de unos dos mil puestos de trabajo.

En este sentido me llama la atención el silencio del sindicato, quizá porque buscan ser prudentes a la espera de cómo se resuelve el conflicto. Pero hay mucho silencio y me llama la atención en función de que si se aprueba el acuerdo presentado por la empresa, se establecerá que la planta de Reconquista-Avellaneda tendrá una continuidad garantizada solo por 18 meses.

Pero ya estamos en la etapa final, y una vez que llegue el expediente se va a tener que homologar el acuerdo (que entiendo no se va a poder hacer), o adherir a un salvataje. No hay más opciones ni prórrogas.

—¿El dinero fugado puede ser recuperado?

—Lamentablemente no solo estamos sin chances de recuperarlo, sino que cada ley de blanqueo aprobada en este país fue un indulto para los empresarios o particulares que cometieron el delito. Fugar dinero es evasión impositiva. Es decir, un delito. Por eso cada vez que se aprobó una ley de blanqueo se favoreció un indulto. Y si vuelve, lo hará con una impunidad tremenda.

Por eso es lamentable que se haya perdido la posibilidad de convertir a la causa Vicentin en un caso testigo para quienes defendemos el rol del Estado. Era necesario ponerse espalda con espalda defendiendo la posibilidad de que el Estado intervenga. Es un debate ideológico contra quienes lo demonizan en detrimento de “la actividad privada”.

Lo peor de todo es que el Banco Nación, de homologarse el acuerdo, dificilmente pueda recuperar lo perdido.

—Sobre las elecciones de 2023: ¿qué expectativas tienen y con quiénes vienen hablando?

—Estamos trabajando para que la provincia de Santa Fe tenga una expresión de centro-izquierda. Lo hacemos entre algunos dirigentes que en su momento formamos parte del Frente Progresista como Libres del Sur, Bases o Igualdad, además del Frente Social y Popular que es el armado electoral que logró acceder a dos bancas en las últimas elecciones, primero con la fórmula (Carlos) Del Frade-(Mercedes) Meier y luego Del Frade-(Dámaris) Pacchiotti.

Obviamente que la voluntad política no lo es todo y trabajamos en la factibilidad del proyecto.

Me animo a decir que la gran mayoría de estos actores vamos a confluir en un frente porque entendemos que hay que darle una opción al electorado de Santa Fe que siempre votó a expresiones de izquierda. Estamos hablando de unos 180 mil votos, a los que se suman los desilusionados por los recientes acuerdos del Frente Progresista.

No somos antiperonistas, pero tampoco peronistas porque sino estaríamos dentro del Frente de Todos. Esto lo digo por el macartismo político que muchas nos tilda de funcionales al justicialismo. Algo que no es así, principalmente porque no llevaremos candidato a gobernador. Nos interesa dar la pelea en el plano legislativo y a nivel local en las distintas intendencias y comunas de la provincia. Todo este trabajo viene muy bien.

Entendemos que la cabeza de lista debe ser Carlos del Frade, pero no está cerrado que se abra una interna. Lo seguro es que vamos a dar una alternativa de izquierda.

—¿Hay posibilidad de que se abran espacios de diálogo con el peronismo?

—No hay una posición homogénea respecto a la postura con el Frente de Todos. Carlos reconoció a Busatto como parte de un peronismo con el que tiene muchas coincidencias. Y yo no me considero antiperonista porque entiendo que es un partido nacional y popular, como lo fue en su momento el radicalismo, que hoy está parado en un lugar que no representa sus banderas históricas.

También debe señalarse que el peronismo no es homogéneo en la provincia de Santa Fe. No es lo mismo el espacio de Busatto que el de Perotti. Pero no creo que como espacio apoyemos a un candidato a gobernador, amén de que cada cual individualmente pueda manifestar sus preferencias. Después de las Paso nos expresaremos.

Como radical, mi límite siempre va a ser Juntos por el Cambio. Si hay un ballotage no voto en blanco. Me expreso activamente y haré lo imposible para que no volvamos para atrás, independientemente de todas las críticas que tango para con el Frente de Todos y el gobierno de Alberto Fernández. No como vidrio y soy consciente de los problemas que tiene este país, como su génesis de endeudamiento y la falta de soberanía política producto de esa falta de seoberanía económica. Argentina por mucho tiempo y hasta que no haya un proceso virtuoso de desendeudamiento como en los gobiernos de Néstor Kirchner, vamos a estar condicionados en la ejecución de nuestra política económica.

No quiero retroceder ni que vuelva Juntos por el Cambio. De la misma forma en que los votaría si va a una segunda vuelta con Milei. Porque es peor. Creo que como militantes políticos tenemos la obligación de decir a quiénes vamos a votar.

—En tanto radical y como abierto opositor a la actual conducción a nivel provincial: ¿ve algún tipo de resistencia por parte de la militancia?

—No veo resistencias. Yo antes que radical soy alfonsinista, y siempre digo que no sería radical sin la figura de Raúl Alfonsín. Porque Alfonsín es un socialdemócrata, al igual que yo.

No me representa el radicalismo actual, ni a nivel nacional ni el de la provincia de Santa Fe. Durante mucho tiempo lo seguí militando porque fue parte de un Frente Progresista que, si bien hay transformaciones que quedaron pendientes, en muchas otras situaciones tuvo una gestión de la que me siento orgulloso. En algunas no se pudo y en otras directamente no se quizo. Esto lo quiero dejar claro.

Pero en el momento en que el radicalismo se une a Juntos por el Cambio, ya me siento fuera. De hecho, estoy pensando si tiene razón de ser el seguir afiliado a un partido que no me representa. Un militante debe ser disciplinado, y ya me estoy cansado de no serlo. Antes el radicalismo de Santa Fe era un paraguas, porque a nivel nacional se definía ir con JxC, pero acá la convención partidaria seguía aliado al progresismo. Durante ese tiempo no fui indisciplinado. Pero ahora lo soy.

Incluso durante 2022, donde gran parte del radicalismo se pasó a JxC, mientras otros estuvimos en el Frente Amplio, el radicalismo santafesino dio libertad de acción. La excusa era de un proceso de transición, e incluso (Maximiliano) Pullaro fue candidato de la oposición mientras que su estructuras comunales se ubicaron dentro del frente progresista.

Voy a ser un indisciplinado por primera vez, y por eso estoy más para renunciar a mi condición de afiliado que de continuar. No es una cuestión personal, sino totalmente política. Incluso creo que Felipe Michlig (senador provincial y actual presidente de la UCR santafesina) tiene una actitud irreprochable: tomaron una decisión que fue bien recibida por el 98 por ciento de sus afiliados.

Esto sucede porque en el radicalismo ganó la cultura política conservadora y neoliberal. No solamente en función de las posiciones políticas que viene asumiendo desde hace mucho tiempo, sino también en su pretensión de declarar el fin de las ideologías. El primero que se animó a decirlo fue Carlos Menem, algo que muchos hoy repiten.

Está claro que los partidos políticos, en tanto estructuras partidarias, están vaciadas de contenido. Es más: hoy se demoniza a la presencia de “ideología” hacia dentro de las estructuras partidarias. Es un problema de la política argentina, donde nos quieren hacer creer que los problemas se resuelven con buena voluntad y trabajando todos juntos. Pero en la realidad, cuando definís el rol que debe tener el Estado, estás discutiendo ideología.

Entonces sigo creyendo que la política se sigue dividiendo entre la derecha y la izquierda, donde pueden caber expresiones intermedias, pero en definitiva es un debate entre progresistas y conservadores: entre quienes quieren transformar y entre quienes quieren manter el status quo.

—Y como santotomesino: ¿qué opinión tiene del actual estado de la vecina ciudad?

—Mal. Lo digo con mucho dolor. Nuestras diferencias con la actual intendenta (Daniela Qüesta), que es una correligionaria y con la que militamos más de 30 años juntos, no solo tienen que ver con que ella hoy esté dentro del frente de frentes, sino que están relacionadas al modo de comprender y hacer política. Ella tiene un modo de conducir la ciudad que nos llevó a separarnos y conformar otro espacio, respetando en todo momento que la elegida por el voto popular fue ella.

Tuvimos particularmente muchas diferencias a partir de su segunda gestión, que inició en 2019 y hoy continúa, y por eso conformamos un espacio llamado Encuentro Progresista con el que vamos a competir con nuestro candidatos a intendente y concejales.

—¿Te interesa postularte para ese cargo?

—No, yo no (risas). Cuando fui reelecto en 2011 decidí que iba a ser mi última gestión. Cumplí con mis promesas de concretar el relleno sanitario y la mejora en los equipamentos y los centros de monitoreo, más un plan de pavimentación, pero siempre fui un convencido de la renovación en la política. Porque la verdad es que los equipos se desgastan, y lo peor que puede hacer un funcionario es creer que ya la juega de taquito. Apenas asumí tenía un ritmo de trabajo de 14/15 horas por día. Cuando terminé, era de 10 y me costaba mucho más. Esto, porque los equipos ya empiezan a jugar de memoria y se había perdido la capacidad de sorpresa. Se va perdiendo el hambre de hacer.

Entonces lo ideal, en un Ejecutivo, es dos períodos de gestión. Creo que el gobernador debe tener una posibilidad de reeleción, del mismo modo que los intendentes deberían limitarse a esa cifra. El recambio es importante.

Ojalá que haya uina linda competencia y que la ciudad mejore. Hoy Santo Tomé tiene malos servicios públicos, dificultades para avanzar con la obra pública, no tiene proyección de futuro ni un plan de gobierno que apunte a la continuidad. Se nota un equipo cansado y una conducción que no es acorde a la gran demanda que tiene la ciudad.

El centro de monitoreo tampoco funciona como debería. Ahora se mejorará un poco la iluminación a partir de un desembolso nacional, pero la reposición de una luminaria suele darse en meses. No tiene respuestas inmediatas. Hubo un retroceso importante y por eso espero que quienes compitan vengan con una propuesta renovadora.

Santo Tomé tiene mucho para crecer y es una ciudad con mucha potencialidad. Se ve en el corredor de la ruta 19, una traza por la que trabajamos mucho para que sea autovía. Pero ahora no se le dio atención a la traza del circunvalar, que significó una inversión histórica y no se aprovechó.