"Las condiciones inhumanas de alojamiento aumentan la conflictividad"

Federico Lombardi pasó de ser defensor de víctimas a estar al frente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (Dpjpj). Según comenta, esta experiencia a “ambos lados de la ventanilla” le dio una visión “más humana” para comprender el vínculo entre el delito y la sociedad santafesina.

“Y las sociedades”, corrige Lombardi, postulando que la división entre víctimas y victimarios está marcada por un "contexto social" y que por eso “no debería ser abordada exclusivamente desde una perspectiva penal”.

“Todo el mundo pide penas más duras, incluso los movimientos progresistas o nacionales y populares, pero las condiciones de alojamiento actuales aumentan la conflictividad”, postula.

Es un enfoque que utiliza para comandar el Dpjpj, un área encargada de “contener” a los menores de edad que son detenidos.

Por el contrario, opina que deberían cambiarse los tipos de penas impuestas a los delitos contra la propiedad: “Los pibes caen por un robo común y terminan siendo coptados dentro de las cárceles por los líderes de bandas”, señala sobre una problemática ante todo rosarina.

Lombardi también observa que las cárceles para menores (y en general) “se parezcan cada vez más a cajas de zapatos”. Pondera en cambio el modelo cordobés.

“Buscamos trabajar sobre tres ejes: la educación, la capacitación en oficios y la recreación”, resume acerca del trabajo realizado sobre una población penal de 250 pibes y dos o tres pibas, aproximadamente.

—A pocos meses del cierre de su primera gestión: ¿cómo evalúa el estado de la justicia penal juvenil de Santa Fe?

—Agarramos un área con muchas deudas pendientes en lo relativo al personal y a la calidad edilicia. Un área que fue postergada por los diferentes gobiernos, porque impera una cultura institucional-estatal que consistió en no darle entidad.

Pero es sumamente importante empoderarla y logramos revertir un poco esta situación. Generamos reclamos administrativos y políticos que nos permitieron, por ejemplo, tener la mayor cantidad de subrogancias en cuanto al personal. Solamente se habían habilitado cuatro en toda la historia, mientras que nosotros realizamos 24. Además duplicamos los recursos de presupuesto para gastos corrientes.

También impulsamos capacitaciones muy importantes sobre suicidios y consumos problemáticos. Lo mismo en materia de buenas prácticas y justicia restaurativa.

Este año nos enfocamos en transmitir conocimientos de la sociología y de la criminología, herramientas que permiten entender más la realidad.

—¿Cuáles son los aportes que puedan brindar estos enfoques?

—Siempre digo que el contexto determina todo y que Maradona o Tevez son casos aislados, no la regla. Por eso planteo que se debe entender el contexto porque es lo que moldea al sujeto.

Cuando asumí, la población penal de Rosario era de alrededor de 40 jóvenes y la mitad estaba detenido por delitos contra la propiedad. Los restantes 20 eran por delitos contra las personas. Pero en este último tiempo se trabajó para que sean más estos últimos, y dejar de encerrar a los jóvenes por delitos menores.

Particularmente en Rosario hay un mundo adulto que usa a los pibes para cometer delitos. Eso todavía no se ve en Santa Fe, donde aparecen más conflictos interpersonales que el crimen organizado liderado por bandas.

—¿Cómo llegan los jóvenes al Dpjpj y cuál es la población penal con la que cuentan?

—Los pibes son derivados del Poder Judicial para ser contenidos en alguno de nuestros programas. Y teniendo en cuenta que es una foto que cambia cada día, hoy trabajamos con alrededor de 250 jóvenes, de los cuales 40 son de Rosario y 20 de Santa Fe.

Disponemos de la cárcel, que sería la sanción más grave, pero también contamos con establecimientos de puertas abiertas. Desarrollamos el programa de Libertad Asistida, donde se trabaja con un equipo encargado de monitorear las diferentes actividades que le corresponden al joven preso.

Además contamos con centros de día en Rosario y Reconquista.

De los 250, cerca de 80 pibes están privados de su libertad y el resto corresponde a programas de libertad asistida. Pero más allá de estos datos duros, lo cierto es que venimos mal en materia de registros.

—¿Encontrás algún denominador común en los perfiles de estos jóvenes?¿Qué lectura general haces sobre su contexto de encierro? 

—Sí, que la falta de rutina lleva al delito. El no tener una contención te lleva a la esquina y es ahí donde muchos pibes están construyendo su identidad. La escuela y el trabajo perdieron centralidad y no son más los ordenadores de la vida. Sucede desde que el neoliberalismo se difundió en Argentina y a nivel mundial.

Hoy los jóvenes no se sienten interpelados por la escuela ni por el trabajo. Las ofertas laborales en los sectores populares no van mucho más allá de trabajos de limpieza o poda en el vecindario, siempre en negro y precarizado.

Todos quieren un trabajo pero a nadie le gusta ser explotado.

—¿Cómo abordan los diferentes casos?¿Trabajan siempre bajo un mismo esquema?

—Cada pibe suele quedarse un tiempo determinado, que puede ser de algunos o varios meses. Entonces se debe coordinar el trabajo en base a ese tiempo.

También buscamos trabajar sobre tres ejes: la educación, la capacitación en oficios y la recreación.

En cuanto a la educación, cuesta muchísimo y se debe revisar. La escuela es la misma a la que íbamos nosotros o mi abuela y no le sirve a un pibe privado de la libertad.

Para el egreso buscamos además establecer vínculos con las instituciones de la comunidad. También conseguir maquinarias o herramientas para el que desee trabajar.

—¿Tienen experiencias productivas concretas para compartir?

—Sí, todos los jóvenes realizan tareas y siempre en base a esa mirada laboral o productiva.

En Coronda tenemos una huerta y venden esos alimentos, también cuentan con una granja de animales para consumo propio y comercial, y hay venta de madera.

En Rafaela se hace compost para vender bolsas de tierra y trabajos de albañilería. En Reconquista también hacen trabajos de carpintería.

En Santa Fe compramos dos bloqueras industriales para hacer ladrillos. Lo trabajamos junto a un profesor de albañilería que nos va guiando. En Rosario se trabaja con serigrafía y carpintería.

Por úlitmo tenemos la cárcel de mujeres, pero hoy no tenemos ninguna joven presa. Es algo que muestra y refuerza el concepto de violencia machista, porque son pocas y generalmente suelen caer por culpa de un pibe. Pasa lo mismo en el mundo adulto.

—¿Cómo ves el modelo de persecución del delito aplicado por las autoridades santafesinas?

—No puede ser que la mitad de los presos sean por delitos contra la propiedad, porque de acá a un tiempo no va a existir familia de los sectores populares sin un familiar tras las rejas.

Y eso ya genera un condicionante para la familia, la configura, porque tiene que reorganizar su vida para acompañar al preso.

Es una dinámica producida exclusivamente por la maquinaria penal. Por eso los delitos contra la propiedad deberían tener otro castigo o sanción, porque sino le damos el mismo remedio a quien roba que a quien mata.

—¿Es decir que hay delitos que se persiguen más que otros?¿En qué sentido?

—La selectividad es gigante. El código penal tiene 300 artículos, pero se enfocan en un total aproximado de 15 delitos y los demás quedan por afuera.

Todos los sectores sociales cometen ilegalidades, pero son los poderosos los que crearon su propia institución para controlar a los sectores populares. Por eso la policía solo previene el robo y el hurto.

Porque en definitiva, la policía es una institución creada por los ricos para delegar el cuidado de sus maquinarias de trabajo. Todos cometemos delitos y todo depende de dónde se ponga el ojo.

Por eso es tan importante contar con una agencia de investigación o una unidad financiera para perseguir el delito económico.

—¿Qué más proponés al respecto?

—Tenemos que apuntar al modelo cordobés. Ellos cuentan con un solo instituto para menores, de 60 hectáreas, que tiene escuela y un centro de atención para consumos problemáticos, además de pileta y elementos para la recreación.

Por eso Santa Fe tiene la deuda de preguntarse cuál va a ser su política penal juvenil. Falta discutir y avanzar en base a otros modelos. En lo personal, dedicaría las dos cárceles solo para mayores y apuntaría a otro tipo de establecimientos.

Lugares que sean privativos de libertad cuando amerite, pero que permitan trabajar de otro modo para que no se asemeje a un infierno.

—¿Cómo son hoy las cárceles santafesinas para menores?

—Las celdas son muy chicas, los espacios comunes también. Hay pabellones pequeños de seis internos que no se conocen.

Por eso la forma de construcción edilicia que tiene nuestra justicia penal juvenil aumenta la conflictividad. Estamos acostumbrados a optimizar los espacios pese a que vivimos en un territorio muy grande.

—Estas condiciones que describís, ¿favorecen los problemas relacionados a la salud mental e incluso de suicidios?

—Es un problema que tenemos presente y que se trabaja mucho porque requiere de una mirada atenta. Hay casi un millón de suicidios al año en todo el mundo y todas las instituciones penales lo padecieron.

De hecho firmamos un convenio con la Secretaría Nacional de Niñez (Senaf) para capacitar al personal a este respecto. Uno de los temas más importantes fue el abordaje de los suicidios. Y lo cierto es que pudimos evitar varios intentos.

Es un fenómeno que se produce por el encierro porque la cárcel es el infierno mismo. 

Además sucede que nos derivan muchos jóvenes con problemas de salud mental. Pibes que deberían estar en otras instituciones que a lo mejor ni existen.

Las autolesiones por lo general son sin intento de suicidio, con intenciones de liberar alguna tensión. También es una problemática que pasa más en Rosario que en Santa Fe.

—¿Por qué?

—Porque en Rosario tienen menos perspectiva de crecimiento, mientras que en Santa Fe y el resto de la provincia hay más chances de pensar en salir de la cárcel con un oficio o estudiando.

Los jóvenes también tienen muchos vaivenes y se les complica la comunicación con el afuera. Por eso se recomienda que se le arme una red de contención.

—¿Eso implica un trabajo por fuera o más allá de las cárceles?

—Hoy todo el mundo pide cárcel, incluso los movimientos más progresistas o nacionales y populares. Pero creo que los delitos contra la propiedad deberían tener otro abordaje, porque incluso salen peores por vivir en celdas que se parecen a cajas de zapatos. Las condiciones inhumanas de alojamiento aumentan la conflictividad.

—¿Podés dar un ejemplo?

—Sí, el feminismo logró una reforma en el 2012 para que el código penal incorpore la violencia en contexto de género y la condena perpetua a quienes cometan estos crímenes de odio, pero desde entonces aumentaron cada vez más los condenados por este tipo de delitos.

Además es una falacia pensar que con más penas habrá menor conflictividad, porque la prevención a través de una amenaza de perpetua solo preocupa a quien está dentro del sistema. A quien queda por fuera, esto no le preocupa.

Entonces no podemos pensar que el sistema penal va a resolver los problemas sociales o de salud mental. Pidamos cárcel, pero también otras reformas que apunten a brindar mayores oportunidades sociales.