¿Qué tipo de problema representa hoy la cocaína para el Gran Santa Fe?

La circulación y el consumo de cocaína es considerado como uno de los negocios ilegales más grandes y preocupantes que padece la provincia de Santa Fe.

Nuestra ciudad es una de las más castigadas, catalogada como un “nudo” de acción por su proximidad con las fronteras provinciales y con ciudades claves como Rosario, además del puerto.

“El desarrollo del problema de la cocaína tiene una historia de 45 años en la región. El primer cargamento fue en abril de 1978 en el puerto de Rosario y con destinos varios, un negocio pactado durante la dictadura de (Jorge) Videla y (Hugo) Banzer y que marcó el inicio del negocio paraestatal, es decir, ilegal pero que se desarrolla desde distintas áreas del Estado”, resume el diputado provincial Carlos del Frade.

Fue este legislador quien en diciembre de 2022 ingresó un pedido de informes para solicitar detalles de las “aproximadamente 15 bandas narcopoliciales” que operan en la ciudad capital.

“Obtuvimos pocas respuestas”, se sinceró el propio del Frade sobre la solicitud realizada al gobernador Omar Perotti y en el que detallaron cómo se maneja el mercado ilegal de la cocaína en toda la provincia.

Allí del Frade plantea la existencia de “bandas vinculadas al narcotráfico asociadas a nichos corruptos de fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, como también a distintas empresas formales con el objetivo de lavar dinero y el tráfico de armas”.

Según detalló y en lo que a la ciudad de Santa Fe respecta, estas se asientan principalmente en “las proximidades de los barrios San Agustín, Yapeyú, Abasto y Nueva Tablada en el extremo noroeste de la ciudad; Las Delicias, zona del Jardín Botánico y Santa Rosa en el norte; y Santa Rosa de Lima, Barranquitas, San Lorenzo y Varadero Sarsotti, hacia el sudeste; zonas que se repiten como las más castigadas de acuerdo a la información del Observatorio de Seguridad Pública en los últimos cinco años”.

También mencionó “el lavadero ubicado en el barrio Jardín Mayoraz de la ciudad de Santa Fe, cabecera del departamento La Capital, en la calle Angel Cassanello al 2500 a pocos metros de la avenida Aristóbulo del Valle, donde funcionaba una cocina de cocaína que era distribuido, entre otros, por los oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Matías Hernández y Javiero Orlando Nardoni, según demostró la justicia federal de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, en diciembre de 2022”.

En diálogo con Santa Fe Plus, del Frade amplió el análisis: “Contamos aproximadamente 15 bandas narcopoliciales (en nuestra ciudad), que a su vez se fueron subdividiendo y hoy pueden ser muchas más”.

“El consumo de cocaína creció en toda latinoamérica después de la pandemia y a través de tecnologías como Whatsapp. Y con una dispersión de las bandas tradicionales en microbandas o pandillas que tienen muy fácil acceso a las armas que generan otro gran negocio y los homicidios que soportamos en la provincia de Santa Fe, principalmente en los departamentos Rosario, La Capital y San Lorenzo”, completó el legislador.

¿Desfederalizar el narcomenudeo?

Entre las principales alternativas que se barajan para combatir el narcotráfico santafesino, el gobernador electo Maximiliano Pullaro planteó la necesidad de desfederalizar la persecución del delito de narcomenudeo, iniciativa que contó con el apoyo del actual ministro de Seguridad, Claudio Brilloni y que acumula diferentes proyectos de ley en la Legislatura provincial.

Plantea dejar en manos de la policía y fiscales santafesinos la persecución del tráfico de estupefacientes para consumo personal, a fin de que sean los efectivos y funcionarios locales quienes se ocupen de los “dealers” y bunkers barriales.

Sin embargo, este aparente concenso político cosecha algunos contrapuntos. Una de las voces más fuertes proviene de la misma Justicia federal, por parte del fiscal federal Walter Rodríguez.

En un artículo publicado en la revista Pensamiento Penal, el letrado santafesino alertó a quienes plantean la desfedaralización del narcomenudeo “sin reparar en los efectos nocivos que provocaría la monopolización de tareas en una policía provincial respecto de la cual se encuentra pendiente un serio proceso de reforma y profunda depuración”.

Agrega la dificultad que supondría el traspaso de competencias dado “el deslinde de investigaciones de menor cuantía respecto de aquellas complejas”, ya que “una investigación fragmentada corre el riesgo de (llevar a) no comprender la real dimensión del caso concreto”.

Ambos puntos, sumado a “la multiplicación de detenciones preventivas que (…) sólo provocaría un aumento de ya saturada población carcelaria de bajo perfil”, implicarían para el fiscal Rodríguez "la ilusoria construcción de aparentes soluciones afianzadas a partir de una mayor eficacia del sistema sancionatorio, cuando en realidad en nada conmoverían a las estructuras criminales”.

Desde su punto de vista, son estas últimas quienes “se retroalimentan de la mano de obra fácilmente sustituible, hecho que irremediablemente se agravará si se persiste con la idea de desatender obscenamente el financiamiento de todas las áreas neurálgicas ligadas al consumo problemático”.

Del Frade en uno de sus libros sobre la temática, plantea un dato: “En todo 2019 se iniciaron 14.577 causas en las diversas juris-dicciones federales del país, de las cuales 5.835 fueron por tenencia para consumo y 1.105 por tenencia simple. (…) Dos de cada cien causas iniciadas en Argentina solamente tienen que ver con el contrabando de estupefacientes”.

Cortar con el flujo financiero

Tanto Carlos del Frade como Walter Rodríguez coinciden en señalar que el combate al narcotráfico debe tener como prioridad el bloqueo de los circuitos ilegales de dinero proveniente del narcotráfico.

A lo planteado por el fiscal Rodríguez, el diputado del Frade recuerda que el narcotráfico “es un problema que por arriba se traduce en la circulación de dinero mediante cuevas instaladas en el microcentro santafesino”.

"Es un negocio típicamente capitalista que tapa hacia arriba y descubre hacia abajo, y en donde el drama de la sangre derramada queda en los barrios", explicó el legislador.

Y añadió: “El negocio es paraestatal, es decir, ilegal pero que se desarrolla desde distintas áreas del Estado. Además, en los barrios muchas bandas narcocriminales terminan generando gobiernos de facto donde imponen relaciones laborales y económicas. Proponen hasta lugares de alegría y sociabilización porque organizan fiestas y bailes en donde después captan a chicas y chicos que terminan procesados o en las cárceles santafesinas por participar de intentos de homicidios. Una especis de neofeudalismo del tercer milenio.”

Desde su punto de vista, “terminar con esto significa recuperar los barrios desde la política y terminar con el reflujo de dinero a través de inspecciones y allanamientos en los bancos, mutuales, secretarías y tesorerías de los clubes, y en los puertos”.