Apoyo y rechazo a las nuevas leyes de seguridad: ¿qué dicen los distintos partidos?

Mayor presencia policial en las calles, desfederalización del combate al narcomenudeo, centralización de la política persecutoria fiscal, un nuevo código procesal penal juvenil y cambios en las condiciones del servicio penitenciario son algunas de las modificaciones logradas por el gobernador Maximiliano Pullaro a las políticas de seguridad pública santafesina.

Lo consiguió a través de un paquete de leyes que envió a la Legislatura apenas asumido, donde se sirvió de la mayoría en ambas cámaras para darle curso y aprobarlo antes de iniciado el próximo período ordinario.

No obstante el poroteo favorable, encomendó a sus legisladores un intenso cabildeo para lograr aprobarlas con la mayor adhesión posibile. Y aunque con algunos contratiempos por “los modos” en que algunas normas se trataron, en términos generales lo lograron.

En diálogo con Santa Fe Plus, legisladores de diferentes espacios políticos analizaron los principales puntos de la ley aprobada.

Lionella Cattalini (PS): “Valoramos la voluntad política de hacerse cargo de la seguridad”

Son muchas leyes las que mandó el gobernador. Son todas importantes, pero sobretodo valoramos la voluntad política de hacerse cargo de la seguridad. Entender que la principal problemática de la ciudadanía requiere de decisiones valientes, urgentes y coordinadas. De cambio profundo. Eso es lo que estamos viendo tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, donde se tomó rápidamente el mensaje y acompañó con mejoras y mucho debate.

El gobernador cuenta con una emergencia en seguridad que le va a permitir hacer más eficientes los procesos de compras o de recambio de patrulleros, para que haya mucho más móviles en la calle. También para invertir en tecnología, que es algo muy necesario, o hacer modificaciones en la Policía.

También aprobamos la ley para la persecución del microtráfico y se derrumbaron los primeros cinco búnkers en la ciudad de Rosario.

La ley de inteligencia criminal es muy importante. Somos la primer provincia que cuenta con esta ley que regulariza un proceso que muchas veces se hizo de forma ilegal. Creemos que es una herramienta totalmente necesaria.

En cuanto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), mostró en los últimos tiempos algunos hechos que hablaban del mal funcionamiento o no adecuado a los tiempos que vivimos. Por eso le dimos más herramientas a la fiscal general para que pueda tomar las decisiones más rápido o intervenir las Fiscalías en el caso de algún conflicto. También para crear agencias.

José Corral (UCR): “La modificación al MPA es muy importante porque le dará organicidad”

—¿Cuáles son los principales puntos del paquete de leyes de seguridad aprobado? ¿En qué radica su importancia?

El gobierno de Maximiliano Pullaro está cumpliendo el mandato que le dieron los santafesinos en las urnas, con más de un millón de votos, para ejercer la autoridad y desarrollar las políticas públicas para mejorar la seguridad, especialmente en las grandes ciudades. Y especialmente en Rosario que tiene unos índices de violencia muy por encima de la media nacional.

—¿Hacia qué tipo de política en materia de seguridad publica se encamina este gobierno? ¿Le parece el correcto?

En la Legislatura, desde que comenzó la gestión de Pullaro, se aprobó un conjunto muy importante de iniciativas que tienden a recomponer la autoridad del Estado y darle las herramientas al Gobierno provincial (policía, MPA, etc.) para llevar adelante esas políticas.

Se aprobó en la primer sesión la ley de adhesión a la ley nacional de estupefaciente que permite al gobierno provincial, a través de su Policía e instituciones policiales, perseguir la venta minorista de droga, así como tumbar búnkers y quioscos de droga.

También la Emergencia en Seguridad Pública, que le da facilidades administrativas al gobierno para poder realizar las contrataciones necesarias, incluidas las de obra pública para las nuevas cárceles.

Se aprobó la primera ley provincial de inteligencia del país. Además la de ejecución de penas privativas de libertad que crea la figura del preso de alto perfil y un cuerpo especial del Servicio Penitenciario que se va a ocupar de estos casos.

Se puede mencionar asimismo la Agencia de Pena no Privativas de Libertad, que es una especie de patronato que permitirá un mejor seguimiento a las personas que están recuperando su libertad.

—¿Por qué era importante hacer modificaciones a la carta orgánica del MPA? ¿Cómo evalúa su actual funcionamiento?

La modificación al MPA es muy relevante porque le da a la fiscal general una serie de atribuciones que van a permitir ordenar y darle organicidad a este organismo.

Así, de una función practicamente protocolar pasará a tener una actividad fundamental en la organización de la prevención del delito a través de una política criminal que debe estar definida por el MPA en convenio con las autoridades del Ministerio de Seguridad, de las autoridades nacionales y de los jueces provinciales y federales.

—¿Cómo califica el papel desempeñado por la Legislatura durante las sesiones extraordinarias? ¿Se dio el diálogo esperado?

Acompañamos las iniciativas enviadas por el gobernador Pullaro, que está cumpliendo sus propuestas de campaña. Dimos el debate con las otras fuerzas y con el propósito de alcanzar el mayor nivel de consenso posible.

No es lo mismo una ley de inteligencia con 47 votos a favor, casi en unanimidad, o una Emergencia en Seguridad Pública en unanimidad, que haberlas sacado solamente con la mayoría automática de Unidos. Valoramos mucho el aporte de las otras fuerzas. Nos permitieron mejorar cada una de las leyes enviadas por Pullaro.

Estamos orgullosos. Demostramos que se puede trabajar bien y rápido.

Lucila de Ponti (PJ): “Si el debate por la integración social sigue ausente nunca resolveremos la violencia y la inseguridad”

—¿Cuáles son los principales puntos del paquete de leyes de seguridad aprobado? ¿En qué radica su importancia?

—El gobierno de Pullaro inició su gestión enviando una gran cantidad de leyes a la Legislatura vinculadas a fortalecer algunas herramientas de la ejecución penal y el sistema penitenciario, de investigación y otras vinculadas a la acción de la Justicia.

Con las primeras existe un acuerdo importante de la necesidad de reforzar esta etapa del proceso penal, con el resto de las propuestas también hay una mirada común sobre cosas que es necesario reformular pero que implican una complejidad mayor y por lo tanto la necesidad de un debate mas profundo y extendido. Muchas de las reformas que se proponen en estas leyes están vinculadas entre sí y era necesario abordarlas con esa responsabilidad.

Un ejemplo claro es la ley de narcomenudeo, que en mi caso no acompañé. Para ser puesta en práctica esta ley requería la sanción de otra de las leyes del paquete (la reforma del MPA) para dotar a la Fiscalía General de las herramientas necesarias para absorber y llevar a cabo estas investigaciones, ley que fue tratada con posterioridad. La lógica indica entonces que primero debería haberse discutido la reforma del MPA para que este organismo estuviera en condiciones de hacerse cargo de las nuevas tareas vinculadas al microtráfico, no a la inversa como efectivamente sucedió.

Entendemos que la seguridad es la preocupación fundamental de los santafesinos y por esto mismo las decisiones que se tomen y las leyes que se aprueben tiene que formar parte de un abordaje integral y no ser parches que terminen complejizando aún mas la situación.

—¿Hacia qué tipo de política en materia de seguridad publica ve que se encamina este gobierno? ¿Le parece el correcto?

—Creo que hay un camino muy claro que tiene que ver con endurecer la acción policial y hacer más eficiente la acción de la Justicia, es muy reciente el inicio del gobierno pero en este marco hay algunas cuestiones que generan preocupación.

Por un lado una tendencia marcada en todas las propuestas de profundizar la autonomía policial, y por lo tanto la falta de control político y judicial, en algunos casos incurriendo incluso en propuestas inconstitucionales. No estoy de acuerdo con que ese sea el camino, creo que también tenemos que discutir una profunda reforma policial que le permita ganar en eficiencia, calidad y transparencia, en el marco de una conducción civil y judicial, esa materia no forma parte de las propuestas que el gobierno puso sobre la mesa.

Por otro lado una ausencia marcada de la mirada social, si pensamos que la violencia también tiene que ver con un proceso de desintegración social hay que tomar medidas contundentes para desandarlo, y eso tampoco forma parte de la agenda.

El ministro Pablo Cococcioni y el gobernador manifestaron su preocupación por las bajas edades de algunos adolescentes involucrados en ciertos delitos (algo que es conocido hace tiempo), ¿cuál es la propuesta para evitar que esos chicos estén a  disposición para ser reclutados por las bandas? ¿Cómo se va a trabajar para mantenerlos en el sistema educativo, para ofrecerles oportunidades de integración a través del deporte o del trabajo? No hay ninguna propuesta para eso.

¿Cuál va a ser la política de urbanización para que los barrios populares sean mas seguros? Si el debate por la integración social sigue ausente nunca vamos a poder resolver el problema de la violencia y la inseguridad. Y creo también que nada de lo que se ha hecho, por ningún gobierno fue suficiente, son intervenciones minúsculas en comparación a la magnitud del problema de la pobreza y la desigualdad.

Y por último, la investigación del delito complejo, de lo que sucede por arriba, de cómo el dinero generado por la violencia, el narcotráfico y las mafias se incorpora a la economia formal, en ese aspecto hay mucho trabajo para hacer y es un debate que también a estado ausente en esta agenda inicial. Rosario tiene un lugar “privilegiado” y cada vez más necesario en la ruta del tráfico internacional, es un tema que hay que abordar desde todos los niveles del Estado. Por ejemplo la provincia tiene que profundizar su política de control de los puertos, tanto de los públicos como de los privados.

—¿Por qué era importante hacer modificaciones a la carta orgánica del MPA? ¿Cómo evalúa su actual funcionamiento?

—Creo que algunas reformas eran necesarias; otras quedaron pendientes para el debate. La Justicia tiene que ser más eficiente, más transparente, tener un rol clave en esta problemática y hay que fortalecerla. Santa Fe tiene un sistema acusatorio adversarial que es modelo en el país y hay que evaluar su funcionamiento para mejorarlo, por eso algunas de las leyes del paquete son contradictorias con este objetivo (como la reforma del SPPDP que se orienta directamente a diezmarla).

Pero es necesario que sea la Justicia la que sigue conduciendo el sentido de las investigaciones y controlando la legalidad y la constitucionalidad de lo que se hace, para eso seguramente hacen falta más herramientas como por ejemplo la generación de estadísticas centralizadas o la revisión del régimen disciplinario.

—¿Cómo califica el papel desempeñado por la Legislatura durante las sesiones extraordinarias? ¿Se dio el diálogo esperado?

Hay que tener en cuenta que el oficialismo tiene una amplia mayoria en las dos Cámaras. Esto genera el riesgo de convertirse en una escribanía del Poder Ejecutivo. Lo que buscamos desde la oposición es que se resguarde el rol institucional garantizando la calidad de las leyes que se emitan, teniendo en cuenta que la Legislatura tiene que sancionar leyes necesarias y esto debe ser un imperativo, siempre cuidando el espacio del debate, la representación de los distintos sectores sociales, la participación de los actores involucrados y la generación de consensos cuando sea posible.

En este primer mes creo que hemos pendulado entre las dos posiciones, es un desafío democrático lograr que en estas circunstancias la Legislatura mantenga su rol esencial.

Fabián Palo Oliver (FAS): “No queremos que le firmen un cheque en blanco a la Policía”

—¿Cuáles son los principales puntos del paquete de leyes de seguridad aprobado? ¿En qué radica su importancia?

Son distintas leyes. Algunas tuvieron como matriz la de mejorar el servicio penitenciario. Desde el FAS acompañamos esta iniciativa incluso proponiendo una mirada de género. Eran modificaciones necesarias.

También acompañamos la emergencia en seguridad para brindar herramientas extraordinarias para comprar insumos y contratar servicios. Hace tiempo que se viene aprobando este tipo de legislación para que la policía provincial recupere su equipamiento.

Hace mucho tiempo además que la provincia no tenía la iniciativa de, por ejemplo, construir tres mil nuevas plazas para detenidos. La provincia no cumple los requisitos mínimos de respeto a los derechos humanos. Aparte se necesitan plazas por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y la creación del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal.

Se trató la ley de microtráfico, la modificación del sistema de control de las salidas transitorias, el seguimiento poscondena, iniciativas que acompañamos.

Nuestras diferencias están en la modificación del Código Procesal Penal y de la carta orgánica del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal.

—¿Hacia qué tipo de política en materia de seguridad publica ve que se encamina este gobierno? ¿Le parece el correcto?

Maximiliano Pullaro llegó con un plan de gobierno y un equipo que se podrá compartir o no, como en nuestro caso. Pero es un hacerdor y no para de tener iniciativa. Es una gran diferencia respecto del gobierno de Omar Perotti.

Hubo apertura y la mayoría de las leyes tuvieron modificaciones. Es importante porque demuestra un diálogo institucional recuperado.

Tiene una visión clara de un empoderamiento y de mucha presencia en las calles de las fuerzas policiales. Con la ley de narcomenudeo empezó a realizar un trabajo importante que está convencido de que dará efectos positivos. Pero desde el FAS nos preocupa que se realice en el marco del respeto a la ley y a la Constitución tanto nacional como provincial.

Hace pocos días se conoció que un albañil de 33 años estaba sindicado como sospechos de matar a un policía en Rosario. Tanto la defensora pública como el juez pudieron constatar que esta persona sufrió torturas. Se lo liberó porque no había pruebasdel delito y quedó una denuncia por abuso policial y violencia institucional. Pedimos el corrimiento y la separación de los miembros de las fuerzas policialies involucrados, hasta tanto se resuelva.

Se ve un fuerte empoderamiento de la policía. Nos parece bien pero no queremos que le firmen un cheque en blanco y no se atiendan los casos de violencia institucional.

Respetamos el trabajo del gobernador aunque hay cuestiones ligadas a un “punitivismo populista” contra el garantismo.

—¿Por qué era importante hacer modificaciones a la carta orgánica del MPA? ¿Cómo evalúa su actual funcionamiento?

Hay situaciones que fueron mejorando. Por otro lado aún faltan cubrir puestos de fiscales que se vienen reclamando. Está claro que modificaciones restan por hacer.

No acompañamos el mensaje del gobernador porque se votó el capítulo referido al otorgamiento de mayores facultades a la Fiscalía General, que creemos rompe el sistema descentralizado y concentra el poder en un puesto. Respetamos que haya otra visión pero nos resulta equivocado.

No obstante, el proyecto tiene otras modificaciones por ser tratadas. Por ejemplo, compartimos que haya una carrera hacia dentro de la Fiscalía y no estamos de acuerdo con que no se haya incluido un capítulo referido al actual sistema de remoción disciplinaria. El actual modelo condiciona a los fiscales desde la política. Es un sistema que nació luego de que ciertos fiscales hayan avanzado en denuncias contra determinados funcionarios como es el caso de legisladores de nuestra provincia. Desde nuestro punto de vista es inconstitucional porque la facultad de aplicar sanciones quedó exclusivamente en manos de la Legislatura.

—¿Cómo califica el papel desempeñado por la Legislatura durante las sesiones extraordinarias? ¿Se dio el diálogo esperado?

El propio gobernador valoró la cantidad de proyectos que tratamos. Hay que seguir esforzándose para encontrar consensos y respetarse. No demonizar al que piensa distinto ni asustarse cuando planteamos concepciones ideológicas distintas. Desde ese respeto se van a encontrar mayores consensos de los ya logrados.

Fueron importantes los aportes de la oposición. Hicimos muchas modificaciones que nacieron producto del diálogo.

Juan Argañaraz (Inspirar): “Las políticas de Pullaro van en el mismo sentido de El Salvador y nos parece perfecto”

—¿Cuáles son los principales puntos del paquete de leyes de seguridad aprobado? ¿En qué radica su importancia?

Desde que arrancamos este segundo período extraordinario sancionamos 17 leyes que envió el Poder Ejecutivo. Hay seis en espera. Algunas fueron en tratamiento exprés donde marqué las urgencias que tenemos en seguridad y en justicia. Siempre hablo del “proceso de seguridad”, que va desde la prevención hasta el paso por las distintas instituciones y la reinserción.

Se aprobaron varias leyes, entre ellas las modificaciones al MPA que lamentablemente tuvo mucha oposición y actores que no estuvieron de acuerdo. De 42 artículos se bajó a 12.

—¿Hacia qué tipo de política en materia de seguridad publica ve que se encamina este gobierno? ¿Le parece el correcto?

Creo que el gobierno provincial y el nacional encaminan sus políticas de seguridad en un mismo sentido, que es el de meter más mano dura.

El año pasado visitamos El Salvador para observar las políticas en seguridad que están implementando. Van en el mismo sentido y nos parece perfecto.

Aprobamos una llamada "ley de narcomenudeo" que le da más autoridad a la policía y a la Justicia para hacer allanamientos. En ese sentido estamos por presentar dos proyectos. Uno que se llama "Cubos" (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades). Es una experiencia muy buena de El Salvador que implementaban una vez que lograban pacificar el territorio. Son centros que se instalan para brindar ayuda, se dan capacitaciones en oficio, se da apoyo escolar... todo una red que ellos llaman de "reconstrucción social".

En marzo o abril presentaremos además un programa de "Cero Ocio". Habla de que los presos deben estar calificados. Incluso unas de las leyes enviadas por Pullaro y que trataremos en febrero va en ese sentido.

En El Salvador tienen calificados a los presos de máxima confianza que empiezan a realizar tareas comunitarias para devolverle a la sociedad parte del daño que le han producido. También para mejorar la inserción social.

—¿Cómo califica el papel desempeñado por la Legislatura durante las sesiones extraordinarias? ¿Se dio el diálogo esperado?

Con algunas leyes no tuvimos el tiempo necesario para analizarlas y plantear las modificaciones necesarias. Pasó con la del MPA, donde me abstuve no por estar en desacuerdo sino por haber recibido el proyecto de ley desguazado y cinco minutos después de empezada la sesión.