La Cámara de Diputados de la provincia fue escenario este martes de una nueva discusión en torno al control y sanción disciplinaria de fiscales y defensores públicos. Una vez más se debate acerca de la normativa que le otorga la potestad a los legisladores para remover a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo cual generó polémica y denuncias sobre intromisión de poderes.

Son tres los diputados que presentaron iniciativas de reforma al sistema implementado en 2014, todos poniendo como centro de debate la polémica reforma a la ley 13.807, que adjudicó a la Legislatura el “control político” de los fiscales y defensores, mediante el poder sancionatorio de las faltas graves.

La misma fue sancionada en 2018 y mantiene en la órbita de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las consideradas faltas leves de los fiscales, pero atribuye la potestad exclusiva de las “faltas graves o comisión de delitos dolosos” a la Legislatura. Anteriormente la Auditoría investigaba y acusaba, y el encargado de sancionar era un tribunal plural compuesto por el Fiscal General, un fiscal regional de otra jurisdicción, un diputado, un senador y un abogado matriculado.  

"Algunos nos han dicho que si nos denuncian iban a impedir cualquier arbitrariedad. No queremos que los legisladores nos protejan, queremos que la ley proteja nuestra función y que, por favor, no hagan que nosotros tengamos que ir a besarles el anillo. Es la ley la que debe garantizar la independencia en nuestra función", sostuvo en su exposición en la Legislatura la presidenta de la Asociación de fiscales de Santa Fe, Gisella Paolicelli.

Los autores las iniciativas para reformar la normativa son la justicialista Matilde Bruera, el radical Fabián Palo Oliver y la socialista Lionella Cattalini, aunque también una propuesta llegó desde la cabeza del MPA, el Fiscal Regional Jorge Baclini. 

En el caso del proyecto de la diputada Bruera, propone la derogación de la norma y volver al sistema anterior para dejar en manos de la Auditoría General de Gestión el régimen de fiscales y mantener en la órbita legislativa el de las autoridades del MPA.

“La Legislatura puede participar del control de esos órganos, pero no puede tener la hegemonía. Sería la introducción del poder legislativo en el judicial y someter a los fiscales”, señaló la legisladora Bruera.  

A su vez, mencionó: “Cuando la Legislatura le puso un pie en la cabeza a los fiscales, se generó un escándalo de corrupción. Y ha impedido en la investigación por presuntas irregularidades que no se han podido investigar por la invocación de fueros”. Se refiere al caso del senador Armando Traferri que logró no ser imputado en una causa de juego clandestino.