Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron hoy una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra Javier Milei por el uso de la imagen y los atributos de mando presidenciales en la promoción de la “Beca ESEADE - Presidencia de la Nación”, otorgada por una institución educativa privada vinculada al economista Alberto Benegas Lynch (hijo). Este hecho podría constituir una nueva violación de la Ley de Ética Pública, luego del escándalo por la criptoestafa $Libra.

Ante este posible “conflicto de intereses y uso indebido de recursos públicos”, cinco diputados nacionales del partido fundado por Elisa Carrió, junto a los denunciantes, impulsaron un proyecto de declaración de repudio. El documento cuenta con la firma de Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, Fernando Carbajal de Democracia para Siempre y Natalia Sarapura de la UCR.

En los últimos días, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), institución creada por el académico admirado por Milei, lanzó una campaña publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires y en su sitio web para anunciar la entrega de 30 becas para programas de grado y posgrado. Sin embargo, lo hizo utilizando la imagen del presidente con la banda presidencial, uno de los atributos de mando.

Además, el propio Milei promocionó la beca en su cuenta oficial de Instagram el pasado 2 de febrero.

“Más allá de la identificación de la mencionada institución con los ideales que sostuvo el Presidente Milei durante su vida profesional, resulta innegable que se hizo uso de la figura presidencial y los atributos de mando, elementos inescindibles de la máxima autoridad nacional”, señalaron los legisladores en el proyecto de repudio.

En 2022, antes de asumir la presidencia, Milei había sido distinguido por ESEADE con el Doctorado Honoris Causa, lo que, según los diputados opositores, “expone una vinculación particular entre el Presidente de la Nación y la institución educativa mencionada, con afinidades que van más allá del contenido académico, llegando hasta una vinculación personal con el fundador del establecimiento”.

Para fundamentar la posible violación de la Ley de Ética Pública y del Código de Ética en la función pública, los legisladores resaltaron que la propia ESEADE reconoce que “la beca será asignada por un consejo académico y validado por la Presidencia de la Nación”.

“Así planteado, puede presumirse que no solamente es la figura emblemática del Presidente la que aporta contenido a la campaña publicitaria, sino que también existe un mecanismo de participación del Gobierno Nacional en la decisión final de selección entre los candidatos a obtener la beca”, afirmaron.

En este sentido, advirtieron: “A esta altura del relato, no hay dudas que la promoción de una institución privada mediante el uso de la investidura presidencial podría interpretarse como un conflicto de intereses y un uso indebido de recursos públicos (en sentido amplio), lo cual afectaría la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.

Los legisladores sostuvieron que, desde el punto de vista legal, la intervención presidencial en la difusión de la beca debe ser analizada en el marco de los deberes, prohibiciones e incompatibilidades que la Ley de Ética Pública impone a los funcionarios estatales, en conjunto con las disposiciones del Decreto 41/1999 sobre el Código de Ética de la Función Pública.