El Gobierno logró el consenso para sancionar la mayoría de los pliegos judiciales
La Legislatura provincial debatió y aprobó la mayoría de los 82 pliegos para renovar cargos judiciales de diferente rango. Para ello, el gobernador contó con el apoyo del arco opositor, pese a los cuestionamientos expresados. Quienes rechazaron en pleno (aunque todos votaron ciertos pliegos) señalaron el "pacto político" entre sectores y "las designaciones a dedo" del gobernador.
Gustavo Schnidrig
El tratamiento de los 82 pliegos presentados por el gobierno de Omar Perotti para la renovación de cargos judiciales tuvo un largo debate que se hizo eco de las discusiones mediáticas que atravesó todo el proceso.
Es que desde el llamado a concurso, legisladores de distintos partidos cuestionaron las "irregularidades" en las que habrían incurrido tanto el gobierno de Omar Perotti como el Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no es indpendiente por tener una cabeza política, actualmente a cargo de Gabriel Somaglia), ambos acusados de no sostenerse a la ley e incluso de manejar el concurso "a dedo".
Por ello, el debate giró en torno a la legalidad del proceso que este jueves se selló con votos parlamentarios. El debate más intenso se dio en torno a la selección de 36 jueces comunales o de "pequeñas causas", de los cuales finalmente 32 fueron aprobados.
Al justificar su rechazo, tanto el radical independiente Fabián Palo Oliver como el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, hicieron referencia a las múltiples "irregularidades" del proceso, así como a cierto "pacto político" entre el gobernador y algunos bloques legislativos para que los pliegos pasen la Legislatura.
Palo Oliver señaló que el concurso de selección de los jueces comunales tiene tres etapas, pero que en solo una se publicaron los resultados. También señaló que no se tuvieron en cuenta las "14 o 15 impugnaciones" presentadas, "muchas de ellas no contestadas", y que pese a ellas se llegó a la última etapa de selección (es decir, a las manos del gobernador), con nombres que "en algunos casos estaban en el primer exámen (el único publicado) muy por debajo de otros postulantes que no llegaron".
Sobre este punto, recordó que "el gobernador Perotti tiene la facultad de elegir entre los tres miembros de las ternas", y que "de los 36 pliegos, en siete oprtunidades eligió al primero, en dos a los terceros, y en las 27 restantes a los que estaban segundos en las ternas". "Pero la reglamentación establece que el gobernador debe fundar en cada caso en que no haya elegido al primero de la terna, y de los 29 no primeros, ninguno fue fundamentado".
Tras el detallado análisis, Palo Oliver cuestionó a los diputados y diputadas que realizaron acuerdos parlamentarios "para digitar la seleccion de los candidatos". "Nos llenamos la boca hablando de transparencia y después desde la política se mete mano en la designación de jueces", cuestionó.
Luego, el también radical Fabián Bastía (aunque del bloque Evolución) tomó la palabra para justificar la "responsabilidad civil" de su espacio al "apoyar las postulaciones más votables". Luego se despachó con profundas críticas para con Gabriel Somaglia, a quien inclusó acusó de "operar tras las sombras".
También hizo mención a la ministra de Gobierno, Celia Arena. A ella le atribuyó la "responsabilidad" de "sostener a Somaglia y no pedirle la renuncia", y luego le cuestionó su "feminismo" por no "respetar la paridad" al momento de designar y sostener a Somaglia en su actual cargo.
"No tengo dudas de que hubo dedazo", dijo sobre el concurso, y concluyó: "Todo el proceso de selección quedó invalidado desde el momento en que Somaglia tuvo que ser separado por sospechas".
Por último, el diputado justicialista Leandro Busatto hizo un repaso legal de las razones que lo "tiñieron" de "legalidad y legitimidad" para votar los pliegos presentados. Hizo entonces un repaso de las "herramientas legislativas" que adoptó el gobierno provincial para avanzar en el proceso concursal, no sin dejar de marcar sus diferencias con estos espacios "grises" de la ley.
Recordó, además, que la mayoría de estas "especificaciones legales" forman parte de "una política de Estado que inició en gobiernos anteriores", e hizo un repaso de los decretos firmados por gobernadores del Frente Progresista para modificar el antiguo esquema de los entonces llamados "jueces de paz".
"No hay ilegalidad", redundó Busatto, e hizo un llamado a los bloques que rechazaron los pliegos a "tener cuidado con los arrebatos políticos" que pueden "llegar a quebrar" el sistema democrático.
"En todo caso veamos cómo mejorarlo", añadió. En igual sentido se pronunciaron el socialista Joaquín Blanco y el radical del Pro, Julián Galdeano, quienes a su turno hicieron uso de la palabra para justificar el acompañamiento de los pliegos presentados por el gobernador.