Este lunes trascendieron algunos de los funcionarios políticos que habrían sido "espiados" por Marcelo Sain mientras era ministro de Seguridad de Omar Perotti. Al igual que las supuestas "carpetas", que hasta el momento no aparecieron, las "filtraciones" provienen de una investigación impulsada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

Según el periodista rosarino Hernán Funes, hay una serie de dirigentes que "serían víctimas de 'carpetazos' o perfilamientos realizados en el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Marcelo Sain".

Mencionó entre las posibles víctimas a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y a su marido y ministro de Cultura, Jorge Llonch. También a Héctor Acuña, ex titular del Servicio Penitenciario, y a Walter Gálvez, actual funcionario del área, al igual que Jorge Bortolozzi, ahora secretario de Seguridad Pública.

En la nómina figuran un amplio abanico de funcionarios y ex funcionarios, como el diputado Roberto Mirabella o el ministro de Seguridad Jorge Lagna, y dirigentes políticos de otros partidos como el exgobernador Antonio Bonfatti y Maximiliano Pullaro.

Además de Pullaro aparecerían en la lista otros diputados provinciales como Julián Galdeano y Walter Ghione. Los radicales Galdeano y Pullaro fueron los dos "grandes armadores" de la elección que en 2021 llevó a Juntos por el Cambio a imponer dos senadores nacionales por Santa Fe; el propio Galdeano impulsó la candidatura de Carolina Losada.

Sin embargo, más allá de los nombres trascendidos, desde Casa Gris cuestionan la falta de pruebas concretas. Fuentes oficiales llamaron la atención a SantaFe Plus sobre los "giros" que tomó la investigación con el correr de los días: "Al principio se hablaba de miles de carpetas y ahora de decenas de bases de datos. Parece que ahora se trataría de búsquedas en bases de datos, con determinadas claves que en realidad compartían varias personas", agregó.

Es que pese al fuerte impacto mediático que tuvieron estos allanamientos, aún las novedades no pasan del potencial. "Corre el tiempo y aún no hay imputación. No existen las carpetas que se mencionan", agregó la fuente gubernamental consultada por este medio.

También destacó que muchos de los funcionarios opositores están acudiendo a la Justicia pese a la falta de elementos concretos contra alguna de las personas "mencionadas".

Mientras tanto, ya pasó más de un mes de los allanamientos realizados el 26 de noviembre pasado por los fiscales Jiménes y Hernández. Aquel operativo generó polémica por la ejecución de un allanamiento sin orden judicial y sin testigos en la sede de Gobernación de Rosario. Ahora el MPA pretende imputar por una supuesta "asociación ilícita y malversación dolosa", pero las pruebas todavía no aparecen.

La evidencia de que la fiscal ordenó allanar Gobernación sin testigos

También es dable mencionar que estas acusaciones -graves de por sí- no admitirían sin embargo la carátula de "espionaje ilegal" con la que se mediatizó la causa. De ser una causa de tal calibre, el MPA debería pasársela de oficio al Ministerio Público Fiscal, algo que no ha ocurrido. Por lo pronto se esperan novedades en esta trama catalogada por Sain como un "lawfare a la santafesina".

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