Luego de retener alimentos en un galpón por varios meses, mientras la demanda en comedores barriales estallaba, el Ministerio de Capital Humano comenzó a distribuir los productos tras una orden judicial.

A pesar de contar con una red amplia y federal de merenderos y comedores, el Gobierno nacional decidió que la entidad que estaría a cargo de llevar leche en polvo y otros insumos a los lugares más carenciados sería la asociación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), del polémico médico anti derechos Abel Albino, referente de la corriente ultraconservadora de la Iglesia católica, Opus Dei.

En Rosario, la Fundación Camino, perteneciente a la organización del pediatra ultra católico, sólo cuenta con tres centros (ubicados en barrio Nuevo Alberdi, Cabín 9 y Stella Maris) es dirigida por Cecilia Rouillón Lagos, esposa del diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Nicolás Mayoraz, que integra el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja del Congreso.

Al igual que su marido, la mujer militó la oposición a la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se mostraba a favor de los frentes electorales en los cuales caía su pareja de manera circunstancial, como Cambiemos en 2019.

Además, Rouillón Lagos se desempeña en el rubro inmobiliario y también figura como titular de un permiso precario provisorio (PPP) correspondiente a la “FM 25 Radio Comunidad de Rosario”.

RosarioPlus.com intentó en vano consultar al diputado Mayoraz su posición al respecto.

Comedores no, escuelas sí

Desde que se supo que el Gobierno eligió esa entidad civil para distribuir los alimentos retenidos, cundió la incógnita debido a la ínfima extensión territorial de la misma. Por caso, en Rosario solo cuenta con tres centros. 

En este marco, este viernes se conoció la respuesta de Capital Humano al juez Sebastián Cassanello sobre la forma en la que activará el reparto de la comida almacenada en depósitos de Buenos Aires y Tucumán: las distribuirá entre escuelas con alumnos en situación vulnerable, y no a comedores ni merenderos.

Así se desprende de una notificación enviada en las últimas horas del jueves al magistrado, en cumplimiento –con algunas horas de retardo- del plazo que le había dado la Cámara Federal para que elaborara un plan de distribución de la comida.

El documento y sus planillas adjuntas con el inventario de los alimentos no precisa cuáles serán las escuelas que recibirán la comida.

“Se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos”, sostiene la comunicación, firmada por Yamila Nano Lembo, designada al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en reemplazo del despedido Pablo De la Torre.

El gobierno informó que los alimentos serán repartidos entre “escuelas vulnerables”, lo que excluye a los comedores y merenderos que dependen de organizaciones sociales y eclesiásticas.

“Los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico”, expresa la comunicación.

El gobierno se arrogó la determinación de la vulnerabilidad de las escuelas sobre la base de estadísticas del Índice de Contexto Social de la Educación, Índice de Riesgo Infantil y los resultados de las Pruebas Aprender de 2023.

Asimismo, la nota blanqueó una operatoria que el gobierno ya comenzó a ejecutar: el reparto del cargamento de leche en polvo, a través de la Fundación CONIN.