La volcánica negociación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, levantada y caída varias veces entre opacas reuniones en hoteles y amenazas proferidas a cielo abierto, impone un manto de incertidumbre al tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación, previsto para este martes que viene.

El tironeo se centra en lo que se denomina comúnmente como “intereses de las provincias”, concepto que engloba básicamente a la defensa de los sectores productivos de las diferentes jurisdicciones y a la pelea por los recursos de los Estados subnacionales. En el caso de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en la negativa a la imposición de mayores retenciones en general y a la desregulación de los biocombustibles para el mercado interno, cuyo segmento pyme ascendió meteóricamente con una ley de 2006, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner, a la que hoy se pretende derogar.

Nada irrazonable, por cierto. Al recordado pingüino, cuando aún ejercía de mandatario santacruceño, se lo acusaba de ser lobbysta de Repsol, por su defensa acérrima de la industria petrolera, corazón productivo de esa helada zona de la extensión nacional. Es una lógica de hierro de quienes gobiernan provincias.

Ahora bien, ese federalismo permanente y, si se quiere, remozado, tiene algunas franjas débiles. Para poner un ejemplo concreto: los santafesinos y santafesinas de a pie que no tocarán un asado ni con una rama si es que se liberan por completo las exportaciones de carne, ¿no son “los intereses de la provincia”? Está claro que la enorme mayoría social adjudica plenamente la suba de los precios a los gobiernos nacionales, y en consecuencia el costo político no se paga en la Casa Gris independientemente de sus ocupantes, pero los damnificados concretos están acá nomás.

Va otro más. Hay un intento por reventar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y con ello, por un lado, engrosar las alicaídas arcas del Banco Central y, por el otro, saldar deudas con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación en la década del ’90. Los santafesinos y santafesinas que no gozarán de planes como el Procrear, financiados con esa fuente, ¿no son “los intereses de la provincia”?

A propósito de “la plata de los jubilados”, consigna que curiosamente cayó en desuso, conviene otra referencia que involucra a Santa Fe. En la cinchada por la ley ómnibus, los gobernadores se niegan a avalar, al menos explícitamente, el guadañazo sobre los haberes previsionales que paga Nación. Incluido Pullaro, desde ya. Ahora bien, las gestiones de distinto signo que comandaron la Casa Gris se ocuparon transversalmente por desfinanciar la Anses. ¿De qué manera? Con el famoso juicio por el 13% del total de la masa coparticipable que contribuía al sostenimiento del sistema de seguridad social.

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó, dos días después de la victoria de Mauricio Macri en el ballotage de 2015, el fallo favorable a Santa Fe (también ocurrió lo propio con Córdoba y San Luis) comenzó el derrotero que trajo al mecanismo previsional argentino hasta el lugar actual. Uno de los argumentos principales de aquel juicio es que la Anses era superavitaria y, por ese motivo, no debía seguir exigiendo el aporte de las provincias. En efecto, hasta ese año, las cuentas en orden permitían pagar jubilaciones, pensiones, salarios familiares, asignaciones por hijo y embarazo, todo ello con una cobertura cercana al 100% y con aumentos semestrales por encima de la inflación. Aquella decisión judicial fue el puntapié de inicio para el quiebre de esa tendencia.

Se podrá decir, con toda la razón del mundo, que esa verdadera política de Estado en Santa Fe consistió en defender “los intereses de la provincia”. ¿Y acaso no lo son los cientos de miles de beneficiarios la seguridad social argentina que viven en el territorio del Brigadier?

La cobija del federalismo 2.0 se queda corta. Y abre una vacancia relativa de representación política para una amplia franja de la ciudadanía que es hoy objeto de una agresión económica –aunque no solamente- cuya escala tiene escasos antecedentes en la contemporaneidad nacional. Un pensamiento lineal indicaría que el cauce natural de ese torrente social debería ser el fraccionado peronismo kirchnerista y/o las distintas vertientes de la izquierda.

Pues no, mi ciela. Esos segmentos sociales, o buena parte de ellos, entienden de manera más o menos lábil que esa representación está, por el momento, en otro lado. Que lo que se denomina “los intereses de la provincia” son sus propios intereses sin contradicción alguna. Basta con ver los inapelables resultados electorales de 2023. La hegemonía según Gramsci goza de excelente salud.

Hay, no obstante, un camino por recorrer para esas fuerzas políticas. Escarpado y pedregoso, sin dudas. Pero existente. Un sendero que permita recrear lo que el inolvidable Arturo Jauretche, héroe del pensamiento nacional, definió con simpleza y maestría: “o es pa' todos la cobija, o es pa' todos el invierno”.