Por Gustavo Castro

El comienzo del ciclo lectivo de 2023 tuvo las características propias de la provincia de Santa Fe durante los últimos largos años: oferta salarial insuficiente, huelgas docentes, críticas de la oposición.

En este último aspecto tampoco hubo nada demasiado novedoso, salvo la posición fijada por el diputado nacional del PRO, precandidato a intendente de Rosario, aliado a Maximiliano Pullaro y autopercibido halcón Gabriel Chumpitaz, quien escribió en su cuenta de Twitter: “AFLOJEN CON TANTOS PAROS EN EDUCACIÓN ! En los docentes radica el inicio del cambio que tanto buscamos, pero entre ellos y los alumnos se interponen tipos con actitudes desagradables como Baradel y otros, que con la mafia sindical no permiten nuevamente el inicio de clases”.

Más allá de la singular caracterización de Amsafe y Sadop como organizaciones criminales y la curiosa atribución de influencias al secretario general de Suteba en la apertura santafesina de clases, todo ello sin el más mínimo esfuerzo argumentativo, el mensaje permite vislumbrar un intento abierto de acumulación política por derecha de un conflicto docente en la provincia de Santa Fe. Algo relativamente innovador en la agenda local, pero en modo alguno sorprendente.

Con sólo revisar los resultados de las elecciones nacionales de la última década en la bota se puede encontrar la explicación de los dichos de Chumpitaz. El peronismo, hegemonizado por el kirchnerismo, aliado a los sindicatos docentes, no gana desde la descomunal victoria de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Se podría mencionar, con mucho viento a favor, la primera vuelta de 2015. ¿Eso significa que el PJ pierde por su sociedad con las organizaciones de trabajadores de la educación? No, pero sí que ese lazo tiene una incidencia electoral relativa.

Más aún: el hecho de que Mauricio Macri liquidara la Paritaria Nacional Docente no impidió su triunfo en 2019 en Santa Fe. Y la recuperación de ese instrumento con el Frente de Todos no evitó su abultada derrota en 2021. De hecho, nada de eso quitó que incluso una porción no minúscula de profesores y maestros santafesinos hayan votado amarillo. Y que lo sigan haciendo.

Está a la vista, cause más o menos simpatías: hay en nuestra provincia una mayoría consolidada que es refractaria al kirchnerismo. Eso es lo que explica, también, la constante opción de la vicepresidenta por el gobernador Omar Perotti, un peronista que pesca en la pecera anti K, quien a su vez no hubiera podido llegar a la Casa Gris sin los votos cristinistas, que no son pocos.

Hay otro aspecto que debe ser señalado. El último comienzo de clases sin paros fue en 2011, un dato sintomático. Tal vez por el peso de la delegación rosarina de Amsafe, cuya conducción no acepta ninguna propuesta que no incluya la socialización de los medios de producción (y en ese caso habría que ver) pero que no tiene empacho en asociarse con los segmentos más conservadores del gremio a la hora de bloquear acuerdos paritarios, se instauró en la docencia santafesina una premisa de hierro: la primera oferta se rechaza.

Tiene su lógica. Los paros iniciales no traen como consecuencia los temidos descuentos. Y si el gobierno así lo dispusiera, se harían efectivos recién un mes más tarde, cuando probablemente ya se haya resuelto el conflicto y el acuerdo incluya el “indulto” de las jornadas no trabajadas. Las medidas de fuerza, además, alcanzan normalmente su objetivo de arrancar mejoras salariales. Ganancia por donde se lo vea.

Pero esa dinámica tiene un inconveniente: generó en su contraparte patronal una lógica conservadora en la negociación. Es decir: ¿para qué hacer una buena primera oferta si el rechazo ya está firmado? Lo que ocurre, entonces, es que los gobiernos construyen una propuesta inicial apenas presentable en público, generalmente mediocre y en la mayoría de los casos invotable. También tiene su lógica.

El resultado de ese juego de espejos es lo que estamos viendo en estos días. Esa gimnasia tiene un problema: genera malhumor social. Y no precisamente en lo que, se supone, es el segmento socioeconómico más reacio al peronismo, que cuenta con los recursos para enviar a sus chicos a colegios en donde el derecho constitucional a la huelga es una ficción. Golpea en la base electoral del oficialismo, que necesita de la educación pública como herramienta organizativa de su vida cotidiana. ¿Es justo para las docentes que sean usadas como niñeras? No. ¿Es una realidad inconmovible? Sí. Ahí está la clave del éxito de la consigna cambiemita “Abran las escuelas” en plena pandemia, más allá de las sobreactuadas proclamas pedagógicas.

Hay, de esta manera, dos elementos a tener en cuenta: una mayoría electoral santafesina antikirchnerista a la cual los ataques a los derechos laborales de los trabajadores de la educación no le resultan determinantes (en el mejor de los casos) y una base tradicionalmente peronista malhumorada por la persistente conflictividad docente. Habría que agregar uno más: los discursos del estilo Chumpitaz cuentan, en el actual clima de frustración y enojo social, con cada vez más adeptos.

¿Qué impediría en este contexto que un próximo gobierno provincial resuelva adoptar una política de guerra contra el sindicalismo docente porque calcule que tendría plafond en el electorado? La vuelta del presentismo exige sólo la firma de un decreto.