Propuestas y desafíos en la regulación del servicio de cuidacoches en Santa Fe

El Concejo está a las puertas de dar un debate que muchos de sus miembros preferiría evitar: la regulación del sistema de "trapitos" o cuidacoches. No porque le tengan miedo a su discusión —al menos aquí no se plantea en tal sentido—, sino por ser una arista de difícil solución. Un tema tan complicado como legislar sobre personas obligadas a trabajar en el mercado informal, por la pobreza estructural que padecen, pero que a la vez aparecen como “problemáticas” para un grueso importante de la sociedad y de la dirigencia local que las responsabiliza de forma directa por la “inseguridad” de la ciudad (en tanto “protagonistas” de hechos delictivos y violentos).

Hoy el servicio de "cuidado de vehículo" se regula bajo una Ordenanza, la 12.635, que el propio intendente Emilio Jatón tildó de "inviable". La norma fue aprobada en 2019, bajo la gestión de José Corral, y con Jatón como concejal, y propone la explotación del “servicio ilegal” de "cuidadores de vehículos" bajo un registro y con carnet habilitante.

Pero poco cambió de 2019 a esta parte. Según el propio Jatón, se debe directamente a que el registro no se pudo realizar. Y en una de las pocas declaraciones que dio a la prensa sobre el tema, señaló como un problema los “antecedentes (penales)” de muchos de los trapitos que hoy trabajan en la ciudad, dado el perfil de “ficha limpia” que se exige por Ordenanza.

El dilema que esta situación plantea al partido gobernante (de perfil progresista) constrasta de forma clara y directa con el aprovechamiento mediático que hacen del tema los sectores más reticentes a destinar recursos públicos en las llamadas “políticas sociales” . “Basta de trapitos” apareció, en tal contexto, como un síntesis precisa del tono que hoy busca perfilar el debate.

Lo interesante del slogan del concejal Sebastián Mastropaolo, de Juntos por el Cambio, es que viene acompañado por un proyecto: el único que circula al respecto. Allí, el edil propone eliminar todo servicio de “cuidacoche” y de “limpiavidrio” que no cuente con un marco legal adecuado. Pero contrario a lo manodurista o provocativo de la frase, el propio edil asegura que “no busca ser excluyente”.

¿Qué dice la norma? A grandes rasgos, el proyecto de Ordenanza consta de 15 artículos donde, además de establecer qué es un cuidacoche y qué es un limpiavidrio, se marca expresamente la "prohibición" de explotar tales servicios "sin autorización legal".

Propone la creación de un Fondo de Protección del Derecho al uso del Espacio Público, herramienta que tendría a su cargo la administración del dinero recolectado por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom), el cual estaría destinado a "financiar programas de capacitación e inserción laboral".

En contrapartida, la iniciativa faculta al Municipio a realizar convenios con el Gobierno provinicial, a través del Ministerio de Seguridad, a los fines de "controlar el servicio ilegal de estacionamiento, cuidado de vehículos y limpieza de vidrios, en defensa del derecho de uso del espacio público".

“Es una actividad que crece a diario en relación directa al aumento de la pobreza y la marginalidad. Por eso urge dar una solución tanto a los vecinos que sufren esta usurpación del espacio público, como de contención a quienes se encuentran en situación de extrema pobreza”, consideró el propio Mastropaolo sobre su proyecto.

"Muchas de las personas que ejercen esta actividad se encuentran vinculadas con hechos de inseguridad, robo de cubiertas, robo a comercios y violencia contra vecinos (como en zona de terminal)", agregó sobre quienes explotan el servicio (Ver apartado “Urge dar una solución…").

Entre la demagogia y la inacción

En tal marco, oficialistas y opositores concuerdan en que el debate no debe cuestionar la necesidad de un Estado presente. La propuesta de Mastropaolo también lo plantea, al proponer que los cuidacoches registrados accedan a distintos tipos de capacitaciones y propuestas laborales.

También pareciera haber consenso en que es un probrema "transversal". Es decir, que necesita de políticas elaboradas en conjunto tanto entre las distintas áreas de gobierno, como entre las distintas carteras (sociales y de seguridad, principalmente) de cada Ejecutivo.

Pero además del oficialismo y JxC, el Concejo planteará una tercera voz, la del peronismo, donde se señala la necesidad de transitar el debate “sin demagogia”.

“El Municipio hoy no se ocupa de la situación y busca excusas para no hacerse cargo. Dicen que la Ordenanza es impracticable, entonces, ¿porqué no envían un nuevo mensaje? Hacen literalmente nada al respecto, mientras que el planteo del Pro es una propuesta demagógica”, cuestiona para ambos lados el concejal Federico Fulini.

Sobre la iniciativa de Mastropaolo, el edil peronista se pregunta “si analizaron cuáles son los contextos a partir de los cuales una persona debe salir a cuidar autos: si analizaron las subjetividades e historias de vida, porque es importante pensar qué pasará con esos trabajadores informales si se les prohibe la actividad”.

Como posibles propuestas de su espacio, Fulini señaló “la necesidad de regular a partir de un orden de méritos y con cursos”. También planteó que “los eventos importantes deben regularse por tarifa", y que debe "prohibirse su explotación donde ya existe el estacionamiento medido”.

Medidas que parecen razonables pero que deberán elaborarse en el marco de una discusión subyacente no menor: ¿cómo se regula y contiene (desde un Municipio) a personas que estructuralmente están por fuera de todo sistema de previsión social?¿Cómo se nombra y empatiza con personas que —para muchos de los discursos que hoy circulan en el Concejo— aparecen como principales responsables de los principales hechos delictivos que aquejan a la ciudad?

Pablo Landó, precandidato a concejal junto a Fulini en Fuerza Común, sostiene que el tema debe considerarse en todo momento como un debate cuyo principal problema no es "el delito", sino la falta de empleo.

“Si la ciudad no asume una discusión de fondo, y si no aparece una decisión municipal de recuperar una matriz industrial y de recuperación del empleo, donde comience a pensarse el puerto como una llave de reactivación del desarrollo de las pymes y las economías regionales, va a emerger ciclicamente una parte de la población que no logra insertarse laboralmente. Entonces la mejor propuesta que se ofrezca, siempre va a dar respuestas mínimas en cuanto a generación de empleo”, se explica.

Y agrega: “Hay una cantidad enorme de pibes y pibas que están delinquiendo por primera vez, y que empiezan a ser coptados por el crimen organizado. Tiene que ser el Estado quien de nuevas oportunidades."

Por eso, señaló la "desconfianza absoluta" que le generan “las miradas sencillas, oportunistas y de caracter electoral”. “Mucho más aquellas de caracter represivo que ven una amenaza en quienes necesitan de una ayuda laboral”, agrega.

“Urge dar una solución a vecinos y contención a cuidacoches”

Entrevista al concejal Sebastián Mastropaolo (JxC) sobre su proyecto presentado.

—En el proyecto plantean la prohibición del servicio de cuidacoche y limpiavidrio "sin autorización legal". ¿Cuáles son las condiciones legales más importantes que debería aplicarse a este tipo de trabajos?

—La incorporación del término “sin autorización legal” hace referencia a la posibilidad de que la municipalidad o el Honorable Concejo Municipal en algún momento habilite a personas que cumplan determinados requisitos.

Por ejemplo, en CABA, si bien los trapitos están prohibidos, hay personas con discapacidad o jubilados que pueden ejercer está actividad en zonas estrictamente determinadas y con una metodología determinada.

—¿Cuáles considera que son, en la actualidad, los principales problemas relacionados al servicio de cuidacoche? ¿Tienen datos precisos sobre la incidencia de esta actividad en hechos delictivos?

—En primer lugar, el mayor inconveniente es la doble imposición que se le genera a las personas que estacionan sus vehículos en zona de micro y macro centro donde también existe el SEOM, y se ven obligados a pagar el parquímetro y además al trapito. 

Es por eso que en la última sesión solicité que se suspenda el cobro de estacionamiento medido hasta tanto se brinde una solución a esta problemática. 

Los cuidacoches, no todos, pero hay muchos casos que son agresivos y extorsionan a los propietarios de vehículos, exigiendo un pago que resulta ilegal. 

Muchas de las personas que ejercen esta actividad se encuentran vinculadas con hechos de inseguridad, robo de cubiertas, robo a comercios y violencia contra vecinos (como en zona de terminal).

Desde mi banca solicité en dos ocasiones pedidos de informes para que, por ejemplo, desde el Municipio informen si han cometido alguna de las faltas que especifica la ordenanza 12.635 como ser: exigir por sus servicios una suma fija de dinero, violando el carácter voluntario de la contribución, promover el estacionamiento de vehículos en espacios reservados y/o prohibidos o contar con denuncias y reclamos por parte de particulares por tratos irrespetuosos y/o extorsivos o que también se informe una descripción de denuncias recepcionadas vinculadas al accionar de los cuidadores de vehículos, actuación y medidas adoptadas en consecuencia.

Lamentablemente estos pedidos de informe nunca han sido respondidos.

—¿Por qué consideran que falló la Ordenanza aprobada en 2019? ¿Qué opinión tienen del Registro allí propuesto?

—La Ordenanza falló porque se le exigieron requisitos de imposible cumplimiento a las personas que ya estaban ejerciendo esta actividad (como ser certificado de buena conducta o constancia de no estar inscripto en el registro de deudores morosos). Se sancionó una normativa para tapar un problema pero la solución no era de fondo.

Además nunca se ejerció un control efectivo por parte de la Municipalidad, coincidiendo cuidacoches y SEOM en una misma zona y perjudicando a los propietarios de vehículos.

—¿Tienen información sobre la cantidad de cuidacoches que trabajan en la ciudad? ¿Qué otros datos manejan al respecto?

—En los pedidos de informe que hemos presentado solicitamos comuniquen cuántas personas hay registradas bajo la ordenanza 12.635, pero como dije anteriormente, nunca nos han respondido, además la mayoría de las personas que ejerce esta actividad no se encuentran registrados porque no cumplen con los requisitos. 

Es una actividad que crece a diario en relación directa al aumento de pobreza y marginalidad. Por eso urge dar una solución tanto para los vecinos que sufren esta usurpación del espacio público, como de contención para quienes se encuentran en situación de extrema pobreza.

Y por ello también solicite reunión en mesas de trabajo para arribar a una solución óptima para ambas partes, cuanto antes.

—Ustedes proponen un Fondo de Protección del Derecho al Uso de Espacio Público: ¿qué es y cómo funcionaría?

—El Fondo de Protección del Derecho al Uso de Espacio Público es un fondo de afectación específica por el cual se destina un 10% de los recursos provenientes del SEOM para financiar programas de capacitación e inserción laboral para personas que ejercen la actividad de trapitos y limpiavidrios.

Este fondo se crea por un plazo de 2 años con el fin de que los trapitos y cuidacoches se retiren de las calles y puedan ejercer un trabajo formal.

—¿Tienen prevision de cuándo podría tratarse este tema en el Recinto?

—No tenemos fecha cierta, ya que nuestro proyecto lo presentamos en dos oportunidades y no ha podido pasar de la primera comisión. También hemos aprobado un decreto para que se elaboren mesas de trabajo sobre esta temática y hasta ahora no tuvimos novedades.

Desde el Ejecutivo manifestaron que la Ordenanza actual es inviable y de imposible cumplimiento, pero que tampoco van a presentar una normativa superadora, por lo que queda en evidencia que la actual gestión municipal no pretende darle una solución, a corto o largo plazo, a este problema que afecta a todos los santafesinos.