La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco de la Nación Argentina (BNA) impugnaron este martes el acuerdo preventivo presentado al juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, en el concurso de la agroexportadora Vicentin.

La AFIP reclama una deuda cercana a los $100 millones en el concurso de Vicentin, abierto en febrero de 2020 tras su cesación de pagos a fines de 2019.

El juez Lorenzini declaró la existencia de acuerdo el 17 de abril pasado, luego de que la empresa presentara una propuesta de pago a sus acreedores que reúne las condiciones que establece la ley, y dio un plazo de 10 días hábiles para la formulación de impugnaciones.

En el texto presentado ante el juzgado de Reconquista, la AFIP fundamenta su impugnación en tres puntos:

  • Por un lado, considera de carácter “abusiva” la propuesta, “por cuanto la misma implica una quita de aproximadamente el 71% del crédito en términos nominales, y hasta de un 79% en términos reales”.
  • En segundo lugar, la AFIP considera que la propuesta de Vicentin incurre en “violación al principio de igualdad de acreedores”. Según el organismo fiscal, la propuesta “prevé un pago inicial de 30.000 dólares a todos y cada uno de los acreedores, beneficiándose con ello claramente a los que tienen un crédito equivalente o menor a esa suma por el recupero total de sus acreencias y perjudicando al resto de la masa de acreedores con mayor importe”.
  • Por último, señala que en el default de la agroexportadora existió “ocultación de activos, vinculada a la venta simulada del 16,67% de Renova SA, 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara en público su propio default, lo cual implicó la salida del 14,41% de todos los bienes (conocidos) del patrimonio de la deudora, que es prenda común de los acreedores”.

Por su parte, el BNA informó esta noche que también impugnó por “abusiva y fraudulenta” la propuesta y considera que “no respeta el principio de igualdad de los acreedores ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación”, que verificó créditos por U$S300 millones.

“De la deuda privilegiada ofrecieron devolver U$S 225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que de 72 millones, nos devolverían 15 millones”, sostuvo el BNA en un comunicado.

Además, agregó que “la misma es una violación al principio de universalidad del proceso, ya que contempla una arbitraria división del patrimonio en dos bloques: uno de alto valor productivo destinado a los acreedores denominados interesados estratégicos’, y otro de bajo valor para el resto de los acreedores”.

La propuesta de pago presentada por Vicentin al juez con el acuerdo de las mayorías exigidas por la ley tiene también como escollo que implica para su efectivización la venta del 33% de las acciones que aún conserva en Renova, operación que está interdictada por dos jueces penales de Rosario que imputaron al directorio de la compañía por presuntas estafas.

En esas causas, los jueces dictaron medidas de no innovar en relación a la disposición de los bienes y acciones de las compañías que conforman el grupo.

Para las autoridades del BNA, “con la propuesta de quita real del 80% de la deuda se viola también el derecho de propiedad”.

Además, la misma “contempla la conversión en dólares de todos los créditos quirografarios, (incluso los verificados en pesos), lo cual perjudica a los acreedores originarios en U$S” como la propia entidad estatal.

“Esta propuesta no es una solución sino que, por el contrario, supone perjudicar al patrimonio del banco de todos los argentinos y las argentinas, y tampoco garantiza la continuidad de la empresa”, planteó el banco.

Tras la presentación de las impugnaciones, el juez Lorenzini debe resolver si avala la propuesta de pago presentada por la empresa o la rechaza y habilita el mecanismo de salvataje, dijeron fuentes judiciales.