María Esther Moreno tiene 93 años y hace ya unos cinco que necesita de atención permanente para moverse, comer y bañarse. Para cualquiera que llegue a su edad, esta situación es una posibilidad. Lo que seguramente nunca pensó es que después de cuarenta años de docencia y aportes jubilatorios ininterrumpidos, requiera también de la asistencia económica de sus hijas y marido para costear los gastos de sus remedios, atenciones, y cuidados. Este diciembre María cobró $33.976,32, pero este monto incluye el aguinaldo, por lo que sus haberes son la magra suma de $17.509,50.

Se jubiló con la mayor antigüedad y carga docente, pero cobra 17 mil pesos

María fue profesora de Historia de la educación, Historia y Geografía en distintas instituciones de la ciudad. La última fue el Instituto General San Martín, a mediados de la década del '90. Pero también pasó por Nacional San Lorenzo, el Liceo Avellaneda y el Colegio del Huerto, por mencionar sólo algunos. En su ejercicio vivió la transferencia de las escuelas nacionales, en dónde ella trabajaba, a la administración provincial en 1992 y, también, estando ya jubilada, la eliminación de las AFJP, cajas a las que también había aportado por ser docente en instituciones privadas.

También en 2005 se sancionó, ya en su retiro, la ley 12.464 que a los docentes les otorga el 82 por ciento móvil, régimen en el que entra pero que sin embargo no se le aplicó automáticamente por lo que decidió demandar al Estado.

“Ese mismo año ella inició un juicio al Estado para cobrar, de acuerdo al régimen docente, el 82 por ciento móvil, es decir, el 82 por ciento del salario del trabajador que ocupe igual cargo y función a la que ocupaba ella al momento del cese de su función activa. Ese juicio tuvo sentencia favorable recién en 2014 y a partir de ahí nunca hubo una actualización de sus haberes”, detalló María Muñoz, la hija de la docente jubilada, en diálogo con RosarioPlus.

“Lo que pedimos es que se cumpla la sentencia, algo que Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) nos niega desde el año 2014", amplió. 

Cuando María con su hermana fueron a pedir explicaciones, desde el organismo público, les dijeron que la oficina encargada de aplicar las actualizaciones en estos casos, ya no existía. “Estos casos, nos dicen. Es decir más docentes jubiladas, que una vez que le ganan el juicio al Estado, se le dejan de actualizar los haberes. ¿Por qué es eso? La abogada nos dice que falta voluntad política y que ha sido caso de estudio y debate en congresos sobre derecho previsional", contó la mujer. 

“Es lamentable. Todos los años sin respuesta en que mi mamá no pudo percibir lo que el mismo Estado dijo que le correspondía. Lo que pretendemos es que se haga público el caso para ver si así hay una respuesta”, conluyó María.