En vísperas del inicio de la preparación agronómica para la siembra de soja, un pedido de informe al Ejecutivo provincial reinstala en la agenda un problema clave del medio ambiente en Santa Fe: el vertido de plaguicidas y herbicidas en los campos y zonas periurbanas. 

El diputado provincial Carlos Del Frade quiere que el gobierno de Maximiliano Pullaro informe con precisión cuántas infracciones se detectaron en los últimos 5 años a la Ley de Fitosanitarios que regula la aplicación de esos agroquímicos.

"En Argentina se aplican alrededor de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Un porcentaje muy alto de todo ese volumen, se esparce en nuestra provincia pulverizando diversos cultivos como, soja, maíz, trigo, algodón, etc., como así también las producciones en los cinturones frutihortícolas", aseveró el legislador del Frente Amplio por la Soberanía como contexto del problema.

En el pedido de informe elevado esta semana, plantea que “los efectos nocivos por los agrotóxicos y el cuidado de los ecosistemas y  del mundo de la fauna y la flora en la provincia santafesina es una tema que evidentemente sigue sin resolverse y que preocupa a vastos sectores políticos y sociales. El tema está en quien produce las infracciones y qué control ejerce el gobierno provincial actual”, indaga.

El requerimiento parlamentario exige informar sobre la cantidad de expedientes por infracción a la ley 11.273 iniciados en los últimos 5 años, y sobre los artículos de la ley que no fueron respetados, las localidades donde ocurrieron estas infracciones, y quiénes han sido y son las personas encargadas de controlar el cumplimiento que la ley de fitosanitarios

Del Frade está convencido de que la ley “tiene una aplicación irregular en el territorio provincial”. Y en ese sentido, añade: "Son conocidos los múltiples impactos que ocasionan estos venenos en la salud de la población y en los territorios, contaminando aire, suelos, aguas y alimentos”, planteó el diputado

Como consecuencia, “vecinas y vecinos de innumerables pueblos y ciudades (desde hace años) padecen el atropello del modelo de producción impuesto y profundizado desde hace casi tres décadas. Se multiplican las denuncias por fumigaciones en las cercanías de los cascos urbanos y escuelas rurales”, agregó. 

Ante tal contexto, Del Frade entiende que el pueblo santafesino “tiene derecho a conocer, si quienes les arruinan la vida perciben algún tipo de sanción”.