Casi todos los abortos realizados en la provincia fueron ambulatorios
La legalización y, por lo tanto, regulación, de la interrupción voluntaria del embarazo trajo soluciones a un tema escondido socialmente por siempre. Aquí, los avances en Santa Fe.
Al cumplirse dos años de a aprobarse la Ley 27.610, el 90% de los abortos en toda la provincia de Santa Fe, según precisiones del Ministerio de Salud, es ambulatorio y medicamentoso, sin requerir internación ni instrumentación.
Actualmente en la provincia de Santa Fe se cuenta con 368 equipos, en las cinco regiones de salud, que acompañan el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto significó un incremento, en 2022, del 184% en la cantidad de efectores en relación con el 2020, año en que el 30 de diciembre fue aprobada la ley en el Congreso.
En las localidades de menor cantidad de habitantes, que por diferentes motivos no se pueda garantizar el derecho a la IVE, o que la persona pida que no sea en su localidad para preservar su secreto médico, se cuenta con un circuito de derivación de manera tal de poder cumplimentar con los tiempos estipulados por la ley.
La línea nacional de salud sexual 0800-222-3444 registró en el transcurso del año haber recibido 690 solicitudes hasta la fecha (y el 95 por ciento de ellas en relación a la interrupción del embarazo) pudiendo de este modo establecer una comunicación directa con la persona y direccionarla al equipo de salud que acompañará su proceso de atención.
A través de esta línea se recibe un 30 por ciento aproximadamente de solicitudes de usuaries que cuentan con obra social o prepagas, y a quienes se las asesora de qué modo acceder y reclamar ante incumplimientos de la Ley 27.610.
Alta demanda a obras sociales
Las obras sociales de Argentina notificaron este año 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo, las que a dos años de la implementación de la ley de aborto legal muestra mayores adecuaciones en sus servicios para cumplir con la norma, si bien falta que brinden mejor información sobre el acceso al derecho y, en algunas localidades con personal de salud objetor de conciencia, es el sistema público quien absorbe la demanda que luego factura a la obra social, reveló un informe oficial al que tuvo acceso Télam.
También se han dado situaciones en el norte del país y otras localidades donde la persona que requería la práctica tuvo que ir a otra provincia para concretarla.
"Vale aclarar que este dato no significa que sean 4.966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental", aclaró el informe.
En cuanto al tipo de prestación realizada en el sector de obras sociales, el 31% fue solo medicamentosa, el 67% solo instrumental y el 2% fue con procedimientos combinados.
Con respecto a la provisión del misoprostol (el medicamento utilizado para realizar IVE), el 90% se obtuvo en farmacias y el 10% restante de otros proveedores.
Sobre la utilización de protocolos institucionales para acceso a la práctica y atención post aborto, el 80% de las obra sociales auditadas utiliza el del Ministerio de Salud y el 20% posee uno propio.
Las obras sociales cuentan con un 36% de prestadores de cartilla, un 30% son prestadores públicos de gestión estatal, un 19% prestadores propios y un 5% de otros prestadores.
Un dato a considerar es que sólo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas, sobre las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE-ILE.