La policía de Canadá detuvo a un sacerdote católico bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una estudiante indígena hace medio siglo, en la más reciente detención de un implicado en el histórico escándalo de los internados en ese país, informaron hoy las autoridades.

El retirado sacerdote Arthur Masse, de 92 años, fue imputado por agresión indecente y luego puesto en libertad condicional, aunque irá a la corte el 20 de julio, según informó la agencia de noticias AFP.

Líderes indígenas pidieron que se procese a los antiguos profesores y coordinadores de estos internados tras los terribles hallazgos, el año pasado, de más de 1.300 fosas en los sitios donde operaban estos centros y que dejaron al descubierto un oscuro capítulo de la historia colonial de Canadá.

Unos 150.000 indígenas, niños metis e inuits, fueron obligados a permanecer en 139 internados desde finales de 1800 hasta los años 90 del siglo pasado, a lo largo de Canadá. Pasaban meses e incluso años aislados de sus familias, idioma y cultura.

Muchos de ellos fueron abusados física y sexualmente y se cree que miles murieron por enfermedad, desnutrición o negligencia.

La víctima que provocó el arresto de Masse tenía 10 años cuando habrían comenzado los abusos en el internado de Fort Alexander, en Manitoba, entre1968 y 1970.

"La víctima en este caso ha pasado por mucho en medio del proceso de investigación y se ha mantenido firme para alzar la voz sobre lo que le pasó", dijo en conferencia de prensa el sargento Paul Manaigre de la Real Policía Montada de Canadá. "Lo más importante para ella, en un día como hoy, es que fue escuchada", añadió.

Manaigre indicó que 80 oficiales participaron de la investigación que se extendió por una década y que incluyó 75 posibles víctimas más y testigos. "Hasta el momento esta es la única investigación (en Manitoba) que se adelanta sobre los internados y este es el único cargo imputado", explicó.

Cuando el papa Francisco visite Canadá, en julio, se espera que presente disculpas por un siglo de abusos en los internados, perpetrados por la Iglesia católica en nombre del gobierno. Una comisión de la verdad y reconciliación concluyó en el 2015 que la fallida política de asimilación del gobierno condujo a un "genocidio cultural".