El directorio de la defaulteada Vicentin deberá presentarse nuevamente el próximo 21 de diciembre en el Centro de Justicia Penal, donde el fiscal de Delitos Económicos, Miguel Moreno, ampliará sus imputaciones y tendrá en cuenta la figura de asociación ilícita.  

Existe la posibilidad de que en esa nueva instancia, Moreno disponga medidas tales como la prisión preventiva que pidió en octubre del año pasado. En ese momento, los directivos desembolsaron una millonaria suma de dinero y zafaron de la cárcel. 

Los directivos, entre quienes se encuentran serán Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Scarel y Miguel Vallazza,  ya están imputados por defraudación y presentación de balances falsos.

La imputación podría extenderse a la consultora internacional KPMG, sospechada de intervenir en la confección de un balance cuestionado.

La investigación apunta también a otras cuatro empresas de naturaleza mixta (parte pertenecen a Vicentin y parte a otros inversores): Río Primero, Terminal Puerto Rosario, Tifferol y Buyanor.

La convocatoria por parte del fiscal, se conoció a pocos días de que la Corte Suprema de Santa Fe devolviera el expediente del concurso de acreedores al juez de Reconquista Fabián Lorenzini.

En esa devolución, el máximo tribunal le recomendó al juez “extrema prudencia para ponderar la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal”.

Lorenzini se aprestaba a aprobar una propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores que se debía financiar con la venta de acciones de las empresas que integran el grupo.

Pero ello está frenado por medidas cautelares ordenadas en el marco del proceso penal, justamente para evitar una eventual defraudación en perjuicio de los acreedores.

La Corte se anticipó a un conflicto entre jueces de distintos fueros y determinó que Lorenzini no puede decidir en contradicción con las medidas cautelares dictadas en sede penal.

La Corte provincial ordenó “brindar seguridad y transparencia a todos los involucrados y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe”.