Autopista: caos administrativo casi le cuesta millones a la Provincia
Una auditoría oficial reveló que durante la etapa de gestión del Banco Municipal de Rosario no había estructura contable formalizada. Y que proveedores habían presentado facturas infladas. El espejo invertido de la causa Vialidad.
Por Gustavo Castro
Una auditoría de la Sindicatura General de la Provincia detectó un intento de sobrecobrar varios millones de pesos por parte de proveedores de la autopista Santa Fe-Rosario por servicios prestados durante la gestión del fideicomiso del Banco Municipal de la ciudad del sur, cuya administración contable estaba signada por la informalidad.
Se trata de un tramo de la revisión global que dispuso el gobernador Omar Perotti por el decreto Nº 295 del 27 de marzo de 2020, a través del cual se reestatizó la autopista. En este caso se evalúa “la composición y saldos de las deudas comerciales identificados en la rendición final de la gestión”, según se precisa en el informe al que tuvo acceso Santa Fe Plus.
Allí se indica que “el universo de control comprendió la información obtenida por medio de los procedimientos de corte efectuados el día 31 de marzo a las 17 horas en el Centro Administrativo y de Control (km 22 de la autopista AP 01)” y “las deudas comerciales expuestas en el Balance de Período Intermedio Nº 4 al 31 de marzo de 2020 incluida en la rendición final efectuada por el fiduciario BMR Mandatos y Negocios S.A. que asciende en total a $ 91.060.864,22”.
Asimismo, el estudio señala que “se seleccionó una muestra de las partidas integrantes de la cuenta Proveedores ($27.741.661,91) según la significatividad de las mismas, las que totalizan $20.280.380 representando el 73,10% de dicho pasivo”.
Y aclara: “las actividades de control se ejecutaron sobre la información, registros contables y documentación aportada por la administración, el Fiduciario y las respuestas de las empresas circularizadas, lo cual no garantiza que la misma constituya la totalidad o integridad de la información”.
Más adelante, en la parte de los hallazgos, el informe afirma que “si bien el fideicomiso contaba con un área administrativa contable organizada, no poseía aprobada formalmente su estructura” y advierte que “en oportunidad de la auditoría de corte se entregó un organigrama informal”. Además, asevera que “no se relevaron otros manuales de procedimientos, instructivos o circulares que permitan estandarizar y transparentar los distintos circuitos vinculados a la gestión administrativa contable”.
Este aspecto, que para el común de los mortales puede parecer menor, queda expuesto en su importancia en estos días, a partir de la causa Vialidad.
Es que el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo basado, en buena medida, en la descripción minuciosa de todos los innumerables pasos administrativos que exige la asignación de obras, que fueron respetados a rajatabla, según se encargó de destacar especialmente el abogado Carlos Beraldi. La gestión de la autopista es el espejo invertido de esos rigurosos procedimientos, de acuerdo a la auditoría oficial.
En este contexto, el estudio sentencia que “se observan diferencias en la Provisión de Deudas Comerciales entre las que figuran en el Balance y las reflejadas en el detalle de la rendición final”. Y luego avanza con las compañías acreedoras. La primera mencionada es American Traffic S.A., que “era el proveedor de mayor monto, adjudicatario de la obra para ‘Provisión e Instalación de Equipamiento ITS para la Autopista AP01 Rosario-Santa Fe’”, cuyo “saldo de la deuda según el proveedor ascendía a $60.822.542,72 y U$S 11.550,50”. Seguidamente expresa: “el 30 de octubre de 2020 se firmó con la empresa un acta acuerdo cancelatorio del contrato por el saldo deudor a favor de la contratista ATSA por la suma de $28.802.115,67 pendiente al 31/03/2020”. El caso de esta firma mereció una investigación aparte, que ya fue publicada por Santa Fe Plus.
También se puntualiza lo ocurrido con otras varias empresas. A saber:
-Conylog S.R.L: “prestaba los servicios de corte de césped, recolección de residuos, alquiler de maquinarias complementarias para conservación, retiro de perfilado de banquinas y cantero central, flete, traslado de equipos”, con un “saldo de deuda según proveedor” de $777.779,14. En este sentido, se consigna que “el importe reclamado no coincide con la composición final de deuda al 31/03/20, por cuanto se reclama una factura del 01/04/20 por $ 388.889,57”.
-Sarasino Isabel del Valle: “empresa constructora que realiza retiros, limpieza y colocación de barandas, poda de palos borrachos, trabajos de readecuación de defensas y reformas”. En este caso “el saldo de la deuda según el proveedor $ 6.902.453,45 no coincide con la composición final de la deuda al 31/03/20 de $ 5.554,718,20”.
-Transporte de Caudales Juncadella S.A.: “el saldo de la deuda según proveedor coincide con la composición final” que era de $10.865.217,22.
Siboldi Reinaldo Juan: “la empresa prestaba el servicio de instalación de carteles ITS, mantenimiento eléctrico y electromecánico. El saldo de la deuda según proveedor coincide con la composición final”, que era de $ 1.902.212”.
A posteriori, el informe de auditoría continúa con “el caso de Zona Norte Rent a Car S.A.”, que “reclama deuda por los meses de abril y mayo por no haber devuelto las unidades alquiladas”, como así también “Green Solution SRL reclama una deuda inexistente según el fideicomiso”.
Finalmente llega el cierre con “Conclusiones y Recomendaciones”. Al respecto, el estudio asegura que “como resultado de la circularización a proveedores, realizadas a fin de conciliar los saldos que componen el Rubro Deudas Comerciales, surgen diferencias con la información proporcionada por el auditado en rendición al 31 de marzo de 2020 respecto a las respuestas obtenidas por parte de los circularizados”.
“Del análisis efectuado –sigue- se puede aseverar que las mismas corresponden a facturas emitidas por los prestadores con fecha posterior a la de corte, pero incluyendo conceptos correspondientes a servicios devengados con anterioridad al 31 de marzo de 2020, tomándose como válidos los saldos a los que arribó el equipo actuante”.
Y termina: “se sugiere implementar acciones tendientes a subsanar los hallazgos detectados, a efectos de fortalecer el sistema de control interno actual, el que deberá proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos, basado en la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de la normativa vigente”.