La red de comedores locales de la Corriente Clasista y Combativa emitieron este miércoles un comunicado en rechazo a las decisiones y calificaciones vertidas por parte del Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Capital Humano, que pusieron en duda el trabajo realizado por las organizaciones sociales en un contexto de emergencia social y alimentaria.

Rechazaron además la política de la ministra Sandra Pettovello mediante la cual se propició el vencimiento de toneladas de comida en galpones de Nación.

También hicieron mención del “recorte porcentual” realizado por las arcas provinciales, cuestionando a aquellos funcionarios que se prestan “entusiastas a este clima de época de insensibilidad y mentiras sobre quienes menos tienen y no declaren ni una sola palabra sobre los casos de corrupción y malversación de fondos públicos en sectores del Estado nacional”.

Comedores locales le responden a Milei: "Existimos y estamos desbordados"

“Nos interesa informar que durante los meses de marzo, abril y mayo de este año, nuestros comedores fueron supervisados en 3 relevamientos dispuestos por funcionarios provinciales; ahí comprobaron que existen y cómo se encuentran hoy desbordados ante una demanda de comida que aumenta a diario”, expresaron desde la CCC a través de un comunicado firmado por el dirigente Sebastián Saldaña.

“Denuncias de autoridades provinciales sobre ‘irregularidades’, ‘corrupción’, sin hacerlo con precisión se convierte en una campaña de difamación”, destacaron.

Por último recordaron que los comedores y copas de lecha que realizan son “espacios a los que miles de santafesinas/os asisten a diario en un cuadro de emergencia social y alimentaria”.

El texto completo

La única verdad es la realidad

Tomamos la palabra para responder las acusaciones vertidas en medios de alcance nacional, que mencionan explícitamente nuestra organización, sobre "irregularidades" en comedores comunitarios de la provincia; espacios a los que miles de santafesinas/os asisten a diario en un cuadro de emergencia social y alimentaria.

Estas publicaciones se inscriben en un contexto marcado por la obligación dictada por la Justicia federal a entregar los alimentos que tenía retenidos justificándose en supuestos "comedores inexistentes". Argumento que se desvaneció al establecer que las acusaciones se asentaban en un "registro digital al que podía acceder cualquier persona y anotar la existencia de un comedor"; es decir, una maniobra para justificar la decisión de no asistir más a aquellas personas que no pueden resolver su alimentación ante la pulverización de sus ingresos luego de la devaluación y liberación de precios (principalmente, alimentos de la canasta básica). Asistimos a una situación social gravísima. Según la UCA: "la pobreza alcanza al 55,5% de la población en el primer trimestre de 2024 y la indigencia a un 17,5%".

Nos interesa informar que durante los meses de marzo, abril y mayo de este año, nuestros comedores fueron supervisados en 3 relevamientos dispuestos por funcionarios provinciales; ahí comprobaron que existen y cómo se encuentran hoy desbordados ante una demanda de comida que aumenta a diario. Y repetimos, con la eliminación de la asistencia del gobierno nacional y un recorte porcentual de las partidas del gobierno provincial.

En dirección contraria a estas acusaciones infundadas, el Honorable Concejo Municipal de la ciudad, aprobó una Ordenanza de "Declaración de Emergencia Alimentaria", planificándose recursos a destinar, relevamientos e institucionalización de comedores y merenderos comunitarios. Se constituyó una Comisión de Trabajo con el propio intendente de la ciudad, concejalas/es y organizaciones sociales para acompañar y fortalecer las partidas de los comedores comunitarios. Un fundamento central de la sanción de esta Ordenanza fue la Ley enviada por el Ejecutivo provincial y -rápidamente aprobada en la legislatura a finales de diciembre de 2023- de "Emergencia social, educativa y sanitaria".

Lamentamos que funcionarios provinciales se presten entusiastas a este "clima de época" de insensibilidad y mentiras sobre quienes menos tienen y no declaren ni una sola palabra sobre los casos de corrupción y malversación de fondos públicos en sectores del Estado nacional (Ministerio de Capital Humano) que decidieron abandonar a quienes menos tienen.

En este marco, denuncias de autoridades provinciales sobre "irregularidades", "corrupción", sin hacerlo con precisión se convierte en una campaña de difamación. Se afirman supuestos "casos puntuales" y luego se generaliza creando en la opinión pública la sospecha sobre todos los espacios que asistimos a los sectores más vulnerados de la sociedad. Esta práctica política describe la cobardía a la que estamos acostumbrados: fuertes e insensibles con los más débiles que no pueden acceder a su defensa y, por el contrario, muy comprensivos y sumisos con los poderosos de siempre. Aún aguardamos auditorías sobre fugadores seriales y estafadores a miles de productores santafesinos, como Vicentín ó investigaciones y controles a puertos privados que contrabandean por nuestros puertos públicos las riquezas que produce nuestro país (y otras "mercancías").

Como siempre lo hicimos, informamos a los medios de comunicación que así lo requieran y a los funcionarios que lo dispongan a recorrer cada uno de los comedores y merenderos que nuestra organización sostiene a diario (sumado a actividades comunitarias de limpieza de espacios e instituciones públicas, capacitaciones y oficios, cuidados de infancias, prevención de consumos de sustancias y adicciones, violencia contra mujeres, deportes): En cada barriada que está presente la organización social y comunitaria podrán comprobar la única verdad: la realidad  y las urgencias que demandan inmediatas respuestas.