Los reiterados hechos de violencia que sufre la provincia y particularmente la ciudad de Rosario tienen explicación multicausal. Una de las aristas tiene que ver con los escasos recursos que dispone la Justicia para investigar delitos complejos.  

En diálogo con Sí 98.9 el fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, Matías Edery, expuso algunas de las cuestiones que dificultan el avance de las investigaciones. También se refirió a la escasa rigurosidad que existe para con presos de alto perfil que organizan actos delictivos desde la cárcel.

“En los casos de drogas los fiscales provinciales no tenemos competencia y la Justicia Federal no tiene recursos. Para temas de narcocriminalidad en Rosario hay solo 3 fiscales federales, mientras que en el MPA somos 80”, graficó.

Explicó que ante la ola de delitos complejos lo que están haciendo es “armar equipos de investigación conjuntos, investigar, avanzar y después determinar que le corresponde a la Justicia Federal”. A futuro, consideró que la implementación de un sistema acusatorio en el ámbito federal “sería un gran avance”.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también hizo hincapié en la situación de presos de alto perfil que acceden a teléfonos desde la cárcel. En ese sentido, consideró: “Uno de los problemas es la contumacia del personal penitenciario que permite o colabora con el ingreso de los teléfonos. Otro es que existen presos de alto perfil que requieren tener otras medidas diferentes a los presos comunes”.

Por citar un caso, mencionó el ejemplo de Guille Cantero, quien está condenado por ocho delitos, y siete de ellos los cometió estando preso. “Eso explica mucho la problemática”, deslizó.

Consultado por el triple crimen ocurrido hace algunas semanas luego de un casamiento en Ibarlucea, causa que investiga junto a un equipo especial de fiscales, Edery detalló: “Hay avances en todos los frentes, tanto en el hecho puntual como las posibles conexiones. Los equipos de investigación trabajan en conjunto con la justicia federal, pero no podemos adelantar nada hasta que se pueda avanzar en medidas concretas”.

Por último, y a propósito de los plazos que maneja la Justicia en este tipo de casos, el fiscal explicó que “es difícil acceder a los teléfonos y también a su información”. De hecho reconoció que la Justicia Federal padece este tipo de procedimientos, ya que se requiere de aparatos tecnológicos, dependiendo de su disponibilidad que resulta escasa.

En ese sentido, consideró que un apoyo por parte de la política para avanzar en las causas podría ser colaborar con la compra de este tipo de aparatos.