En medio del debate en Comisión en el Senado, quedó en la mira la reforma del Procedimiento Administrativo que está inscripta en el paquete de leyes por varios puntos pero uno en partidcular: con apenas hacer una petición a la Agencia de Administración de Bienes del Estado por unas tierras y no obtener respuesta de la organización, el interesado podría quedarse con el terreno.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, llamó la atención este lunes sobre la particular reforma que parece orientada a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados con bienes del Estado.

Durante el plenario de comisiones en el Senado, Di Tullio le consultó al abogado Carlos Nielsen Enemark, quien fue a disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, por un artículo que habilita a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta por 60 días.

"Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?", consultó Di Tullio. "Si, en los  términos del artículo sí", respondió Nielsen Enemark.

"Según este artículo, pido, no me contestan en 60 días y es mía (la tierra). Porque el silencio es el sentido positivo: si a mi no me contestó en 60 días, pelito pa' la vieja: esa tierra es mía. A mi me suena a un montón de negocios inmobiliarios", planteó la senadora.

"Pongale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción  registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?". Nielsen Enemark le respondió, una vez más, que estaba en lo cierto.

Según el letrado, se trata de un "proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado que no observa lineamientos de interés común". "No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos", señaló el abogado este lunes.