Por Celia Arena*

La aprobación en la Asamblea Legislativa de los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón para integrar la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria constituye la institucionalización de la inseguridad jurídica en la provincia de Santa Fe, al romper el más mínimo criterio de mérito y cambiar las reglas a mitad del procedimiento con el explícito objetivo de designar jueces afines a la política oficialista.

Ya se dijo en reiteradas oportunidades pero valga la redundancia. Haurigot y Pueyrredón fueron reprobados en sus exámenes. A su pedido les revisaron sendos bochazos y fueron incluidos en el puesto 8 y 12, respectivamente. Pese a todo ello, y con modificación reglamentaria en el medio, integraron la terna elevada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Finalmente, este jueves, el frente Unidos aportó sus votos para hacerlos camaristas.

La argumentación oficial, expuesta a través del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, fue el siguiente: “nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas”. Y agregó: “es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta”.

¿Y si sobreviniera otro gobierno electo democráticamente que tuviera otra política penitenciaria? ¿Estaría vedado de ejecutar su programa de gestión para el área pese al voto popular? ¿Debería intentar remover a estos jueces que además llegan con una legitimidad debilitada a partir de un proceso altamente cuestionado? ¿En qué consiste el “nos haremos cargo”?

Demasiados interrogantes abiertos y demasiados atropellos ejecutados. La inseguridad jurídica, que tanto lamentan en otros ámbitos los integrantes del oficialismo, quedó institucionalizada en la provincia de Santa Fe.

* Celia Arena - presidenta del bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe