El gobernador Maximiliano Pullaro logró el jueves pasado la aprobación legislativa de la terna que había enviado para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, luego de un controversial procedimiento de selección que incluyó revisión de exámenes desaprobados, cambios reglamentarios y desestimación de la orden de mérito. Pero tuvo su costo: hubo incomodidad en las filas parlamentarias del frente Unidos y el peronismo lo castigó duro y parejo.

Se trata del tribunal creado en diciembre de 2023, en el marco del paquete de leyes que envió el gobierno recién asumido para afrontar la crisis de violencia criminal en la provincia, particularmente en Rosario. El nuevo plexo normativo contó con aval opositor, con el objetivo de facilitar los instrumentos que el Poder Ejecutivo consideraba imprescindibles.

Se abrió entonces la instancia de selección de los integrantes de la Cámara con los concursos que son de rigor, llevados adelante por el Consejo de la Magistratura. El jurado evaluó los exámenes, anónimos hasta ese momento para garantizar la imparcialidad, y emitió los puntajes correspondientes.

Dos de los postulantes que fueron desaprobados, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón, pidieron una revisión de las notas. Y allí quedó claro que se trataba de los candidatos del gobierno: cambio de reglamento mediante, pudieron reformular sus exámenes y obtuvieron el aprobado. Quedaron, no obstante, lejos de los primeros lugares en el orden de mérito: octavo y duodécimo, respectivamente. Pese a ello, el Ejecutivo envió sus pliegos a la Legislatura junto al de Mario Guedes.

La decisión oficial generó rechazos, previsiblemente. La postulante que había quedado a la cabeza del orden de mérito, Mariela Sarrías, impugnó los pliegos. “No se respetaron las reglas del concurso a las cuales nos sometimos los postulantes, prescindiendo de las normas más básicas como las impugnativas del mismo para de esa forma antirreglamentariamente ingresar postulantes desaprobados, cuando el decreto expresamente Io vedaba”, aseveró, para después afirmar que se estaba consumando “un acto viciado por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Los cuestionamientos también afloraron en la oposición justicialista. La voz cantante en este tema del bloque Hacemos Santa Fe, que se referencia en Omar Perotti, fue el ex ministro de Gestión Pública y actual diputado provincial Marcos Corach. Utilizó una figura futbolera para caracterizar el polémico proceso de designación: “escritoriazo”.

Ante las reacciones, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, salió a defender la voluntad gubernamental. “Es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta”, aseguró, sin demasiados remilgos.

La Asamblea Legislativa para votar los tres pliegos fue inicialmente convocada para el 29 de agosto. Pero la tensión interna de la heterogénea coalición oficialista, atravesado también por la sensible discusión sobre la reforma previsional, obligó a posponer el tratamiento. Finalmente, el jueves pasado fueron consagrados los nuevos camaristas con el único aval del mayoritario frente Unidos.

En la sesión, Corach disparó: “Estamos votando, en el caso del doctor Pueyrredón y la doctora Haurigot, a dos postulantes que rindieron mal, que los bocharon. Es un papelón estar votando a dos postulantes que fueron con un seudónimo a rendir y cuando fueron a buscar el resultado, cuando pierden el anonimato, cuando dejan de ser Superman y Batman para pasar a ser quienes eran, de acuerdo a lo que está en las actas de 16.15 a 16.30 fue suficiente para que el tribunal evaluador contemple que el recurso era justificado. Que sus argumentos eran lo suficientemente fuertes y potentes para que, por primera vez en la historia, se modifique el resultado que les permite hoy estar siendo votados para ser jueces de la Cámara de Ejecución Penal. Borran de un plumazo una historia institucional”.

Otros legisladores también expresaron duras críticas en sus redes sociales. La presidenta de la bancada Hacemos Santa Fe, Celia Arena, calificó a la designación de Haurigot y Pueyrredón como “la institucionalización de la inseguridad jurídica”. Y el rosarino Miguel Rabbia recordó el paso de Pullaro por el Ministerio de Seguridad: “Todos escuchamos los audios del actual gobernador arreglando concursos policiales… Ya por ese entonces no respetaba los mecanismos institucionales”.