Mejor colaborar que competir
Por César Malato (Militante Peronista y de la Ec. Social y Solidaria)
Si hay que reconocer algo de la actual coyuntura nacional y provincial, es que ha sido innovadora en cuanto a la velocidad de destrucción de las capacidades del Estado Nacional que han sido construidas colectivamente a lo largo de décadas y décadas por nuestra comunidad nacional – mas allá de los signos políticos de los Gobiernos- y que hoy están siendo derrumbadas DE FACTO.
¿Porqué decimos DE FACTO? porque significa “literalmente 'de hecho', esto es, 'sin reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos”. Esto es, más allá de las preferencias políticas, sin aval legal, ilegalmente, o de prepo.
El Ejecutivo Nacional en cabeza del Presidente Miley ha ejercido desde el inicio de su gestión por Decreto, prescindiendo del Parlamento Nacional.
A través de la herramienta del DNU 70/2023 que rige desde el 29 de diciembre de 2023, le ha permitido al Presidente situarse por encima, en un plano metafísico y para-legal, que gobierna con desconocimiento y virtual derogación de 41 leyes nacionales y decretos POR COMPLETO, y más de 300 normas delegadas total o parcialmente en rubros tan complejos como Ley de Contratos de Trabajo, regulación de medicinas prepagas, alquileres, turismo, producción de medicamentos, comercio, ley de abastecimiento y de góndolas, medios de comunicación, entre otros.
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos ni faltar a la verdad: “Miley, con su plan de retiro del Estado de la vida nacional, está gobernando POR DECRETO, desconociendo el Congreso Nacional, las leyes, y la Constitución Nacional, o sea, SIN NECESIDAD DE LA FAMOSA LEY BASES.
Será una tarea oportuna para la intervención de el Poder Judicial y sus juristas, determinar prontamente que acciones gubernamentales son anti- constitucionales o reñidas con las leyes y los decretos vigentes, y también, responsabilidad de los Legisladores Nacionales que con sus manos alzadas habilitaron la vigencia y la aplicación de las mismas.
Paralelamente y en espejo, hay entendimientos que se proponen “llenar” los huecos que deja, o de los cuales se retira el Estado Nación. En esos entendimientos, acuerdos laterales, convenios, están involucradas por Ejemplo NUESTRA Provincia de Santa Fe, y la Provincia de buenos Aires, que entre las dos representan mas del 40% del PBI Nacional en materia económica, y el 45% del padrón nacional de electores y electoras de nuestro País, en materia electoral.
Pullaro + Kicillof; Kicillof+ Pullaro, en esta suerte de alianza estratégica sobre temas de mutuo interés, y en una coyuntura de un Gobierno Nacional que aborrece del Estado, que lo considera una “organización mafiosa” (J. Miley) pueden darnos noticias más que alentadoras a santafesinos y bonaerenses, sientan precedente de gestión, colaboración lateral y horizontal entre pares, que pueden sedimentar en intervenciones estatales mas equilibradas, proveyendo a sus ciudadanías – por ejemplo a nosotros- mejores servicios. En definitiva, mejoras en las condiciones de vida.
La urgencia del momento fue el combate al delito y al narcotráfico. Kicillof (Buenos Aires) facilitó en forma inmediata, 80 camionetas y 3 minibuses a Pullaro (Santa Fe) y comprometió otras acciones que tienen que ver con Inter cooperación en inteligencia, y además puso a disposición 400 efectivos policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.
Pullaro y Kicillof sientan de esta forma una novedosa forma de colaboración y no de competencia entre Gobiernos y mandatarios de diferente signo político a pesar que desde las usinas mediáticas de creación de discurso de época, insisten en situar en lados opuestos de “la grieta”. Tenemos que decir, a la luz de los hechos: no se nota.
La cooperación política e institucional es una práctica más que saludable entre dos jóvenes Gobernadores, que seguramente profundizarán en los próximos meses, y que crearán sus propias agendas, a pesar del abandono del Gobierno Nacional a nuestras provincias, y de la política del odio y la crueldad que se regocija a diario anunciando despidos, pulverización de puestos de trabajo y pymes, supresión del fondo nacional docente, baja de presupuestos a Universidades Nacionales, eliminación de la obra pública, aumentos mensuales de tarifas, y combustibles entre otras calamidades.