Imputan a la cúpula de Vicentin por asociación ilícita y estafas múltiples
Cuatro altos ejecutivos del grupo Vicentin serán imputados este jueves por asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta, por lo que deberían continuar en prisión preventiva hasta el juicio oral. Se trata del ex presidente Daniel Buyatti y el ex director Roberto Gazze, que habían sido detenidos la semana pasada por orden de los fiscales de Delitos Económicos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. También serán acusados formalmente los ex directivos Omar Scarel y Alberto Macua, quienes se entregaron voluntariamente al día siguiente de los 20 allanamientos que realizó Gendarmería en domicilios de Rosario, Buenos Aires, Reconquista, Avellaneda, Funes y Adrogué.
En la causa también están involucrados otras 15 personas, entre ejecutivos y allegados al grupo agroexportador que protagoniza el mayor default de la historia nacional, 1300 millones de dólares, que lo declaró en 2019 y que desde 2020 se encuentra en concurso preventivo de acreedores.
Los otros involucrados como partícipes de estas maniobras ilícitas son: Alberto, Máximo y Cristian Padoan, Javier Gazze, Martín y Yanina Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Robero Vicentin, Daniel Foschiatti, Fernando Bougain, Carlos Sartor, Diego Boschi, Facundo Persoglia y Miguel Vallaza.
Comparecerán ante el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy.
Si bien los abogados querellantes -en representación de corredores de cereal, agricultores y bancos damnificados- ignoran todavía la letra puntual de la acusación, se tiene que en Vicentin hubo una organización montada para la estafa que derivó en el vaciamiento de la concursada. La acusación fiscal les atribuye haber montado maniobras que perjudicaron patrimonialmente a terceros y que las utilidades de esas operaciones fueron desviadas y apropiadas por esta organización en provecho propio.
A Gazze, Buyatti, Scarel y Macua, los fiscales lo consideran como los jefes de la gavilla de cuello blanco creada para cometer al menos 43 hechos de estafa y otros 5 de administración fraudulenta que se ventilarán desde las 14 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Estos cuatro enfrentarían un pedido de pena de entre 15 y 17 años de cárcel para cada uno.
La investigación comenzó en 2020. La hipótesis versa sobre el endeudamiento y default premeditado de la compañía, que se declaró en cesación de pagos a fines de 2019 y dejó deudas por 1.300 millones de dólares que todavía se tramitan en concurso de acreedores. Para los fiscales, esto ha sido urdido por una organización criminal de cuello blanco.