El juzgado federal N°1 de Santa Fe declaró su incompetencia para investigar el presunto "espionaje ilegal" que habría llevado adelante el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, desde ese organismo. En ese sentido, el juez sostuvo que "no hay información que permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de las conductas que allí se investigan en los términos de la ley de inteligencia nacional".

En el mismo sentido se había expresado el fiscal federal, Walter Rodríguez, semanas atrás: "Los Fiscales del Ministerio de la Acusación no han identificado una conducta que en el plano real y con expresa invocación de elementos les permita fundamentar la existencia del injusto y adaptarlo a alguno de los tipos penales recogidos por los artículos 42 al 43 ter de la ley 25.520".

Esto significa que la Justicia federal le negó a Sain su pedido de intervenir en la causa (amparándose en una resolución provincial), y consideró "abstracto" su planteo por no existir pruebas que pudiesen sospechar de delito federal alguno.

En su escrito, el fiscal Rodríguez se refirió a un fallo del Juez de Cámara Penal Sebastián Creus, quien sostuvo que "en términos abstractos y provisorios, no hay información brindada por los Fiscales que permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley de inteligencia nacional".

En ese escrito, además, Creus fue muy crítico del accionar de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes amparándose en la "reserva" de la investigación privaron durante meses a los investigados de conocer la prueba contra ellos. "Tampoco los fundamentos expuestos por los Sres. Fiscales para mantener, parcialmente, algunas evidencias sin conocimiento de la Defensa, son aceptables. Se alude a la preservación de otras investigaciones pero no se indica siquiera algún detalle que permita evaluar si estas existen o en que etapa de desarrollo se encuentran o cómo se vincula la información que se mantendría en secreto con ellas", sostuvo. 

"¿Cómo rebatirían las Defensas o cómo investigarían que los datos reunidos son públicos y, por tanto, exentos de reserva si no conocen cuáles son esos datos? Si se permite el absurdo, es como si se atribuyera a alguien haber matado a una persona pero no le informan quién es para proteger sus datos personales", ironizó el magistrado.

En ese sentido, Creus sostuvo que ya hubo una enorme divulgación de la investigación en los medios de comunicación, por lo que el MPA no cumplió con la "reserva" de la investigación que utiliza para negarle la prueba a los investigados: "Observando todo lo que se ha publicado en los medios  (listas de personas cuyos datos han sido recabados, algunos que se han constituido como querellantes y que se refieren a su situación personal en una exhibición pública bastante profusa, que son circunstancias públicas y notorias) parece que el riesgo de divulgación ya se ha concretado estando la información supuestamente preservada y reunida exclusivamente dentro del Ministerio Público de la Acusación. En este contexto, sacrificar la Defensa en juicio por un incierto tal vez ya concretado, luce como inútil o artificial".