Imputaron a Sain y parte de su equipo por integrar una "asociación ilícita"
Fue esta tarde, en una serie de audiencias que comenzaron a la mañana y terminaron por la tarde. Sain dijo que actúo de manera legal y que Perotti estuvo siempre al tanto. Hubo un fuerte respaldo de organismos de DDHH para Nadia Schujman, una de las imputadas.
Esta tarde, y luego de más de un año de iniciada la causa, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg imputaron al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, como jefe de una asociación ilícita que se dedicada, siempre según la acusación, de recabar información de manera ilegal.
Para los fiscales Sain fue el jefe de la asociación ilícita, y por debajo de él actuaron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, como "organizadoras".
Llamativamente en una tercera línea, por la importancia de sus cargos, quedaron sindicados como miembros de esta presunta asociación ilícita Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.
Según el escrito, Sain lideró una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de la provincia y el Organismo de Investigaciones, con el objetivo de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
El lapso de tiempo en el que funcionó esa presunta organización fue desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021, es decir, incluso cuando Sain ya no era Ministro, sino que el organismo estaba a cargo de Jorge Lagna.
Sain sostuvo que siempre actuó bajo la ley y que el gobernador, Omar Perotti, estuvo al tanto de cada movimiento de su gestión. Por su parte, Schujman, quien también fue imputada, denunció ser víctima de una persecución política y recibió un amplio respaldo de organismos de derechos humanos de todo el país, entre ellos el de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.