Los cinco trabajadores detenidos por los disturbios frente a la Legislatura, ocurrido el día en que se votó la reforma previsional santafesino, fueron formalmente imputados por los delitos de “perturbación de una sesión legislativa” y “daños agravados”  A uno de ellos además se le atribuyó el delito de portar un arma de fuego calibre 32.

Además se les dispusieron medidas restrictivas, por lo que deberán fijar domicilio cada 30 dias ante el MPA y no podrán acercarse a menos de 300 metros de la Legislatura.

A la salida de la audiencia, las abogadas defensoras señalaron que los detenidos “afortunadamente recuperaron la libertad", aunque señalaron que “no debieron ser tratados así”. "Son militantes comprometidos con una vida mejor y fueron allanados de una forma violenta”, explicaron.

Sobre el desarrollo de la audiencia, las profesionales mencionaron que se los hizo saber de los hechos imputados. Sin embargo plantearon que “enumeraron pruebas de una forma muy general que aún no se comprobaron”.

“No vimos nada, ni tampoco nombraron actos de forma individual para cada imputado”, explicaron.

Además las abogadas defensores plantearon: “Estamos ante un conflicto laboral que nunca debió haber pasado por estos estrados. Es un conflicto del orden laboral y sabemos las consecuencias políticas de criminalizar la protesta.”

“Es posible que pidamos la nulidad del juicio, la estrategia la discutimos paso a paso con nuestros representados”, completaron.

Por su parte, la fiscal María Laura Urquiza explicó que acordaron con la defensa "medidas alternativas a la prisión preventiva" y agregó que las evidencias se recabaron "en base a registros fílmicos públicos y privados".

Cortes y protesta frente a Tribunales por la detención de trabajadores públicos rosarinos