Después de un fin de semana extra largo con más de 11 mil despidos de trabajadores estatales y un miércoles que incluyó militarización y desalojo de instituciones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió profundizar la medida de fuerza y anunció un nuevo paro para este viernes 5 de abril.

“Esta escalada del conflicto en el Estado no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad directa del Gobierno que encabeza el Presidente Javier Milei, que ha decidido desatar un nivel de agresión y un ataque inusitado sobre todos nuestros derechos laborales. Para nosotros no alcanza solamente con la estrategia de resistir y de defendernos contra los despidos, sino que tenemos que ser capaces de poner en debate lo que realmente está ocurriendo en la Argentina, porque detrás de estas cesantías masivas en el Estado, lo que está en juego es cuál será el Estado que vamos a tener en los próximos años”, dijo al respecto Rodolfo Aguiar, secretario general a nivel nacional del gremio.

Desde ATE Rosario también adhieren a la medida de fuerza, que el miércoles incluyó una concentración frente a la Anses de Sarmiento y Rioja. En la ciudad, además, se desató un conflicto en la sede del ENACOM, donde la policía desalojó a los trabajadores, que en ningún momento habían sido notificados sobre algún despido o suspensión.

Entre los reclamos del sindicato de trabajadores estatales para el paro de este viernes, se encuentran:

– La reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y el cese de los despidos.

– La regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente para todos los trabajadores.

– Un aumento salarial que supere la inflación.

– El cese de las políticas de ajuste.

– El rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

– La defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.

– La anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

– El cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.

– La anulación del DNU 70/23.