Los allanamientos ocurridos a principios de octubre en Buenos Aires y en dos clínicas de fertilidad de Rosario desembocaron en un caso singular. La Justicia inició una investigación sobre trata de personas, venta de niños o apropiación de menores al descubrir que dos italianos intentaban llevarse del país a un bebé de 10 días de vida con autorización de la mujer gestante, una joven rosarina que acabó por reconocer, en su alto grado de vulnerabilidad socio económica, que había sido contactada por una empresa clandestina que se dedica a esto.

La demora de las personas involucradas sucedió el miércoles 23 de octubre cuando un hombre de 26 años y una joven rosarina de 18 se presentaron en el Aeroparque Jorge Newbery para tramitar una autorización de viaje para que un bebé de 13 días saliera del país con su padre italiano al día siguiente.

Esto llamó la atención de Migraciones y a partir de ahí comenzaron a indagar sobre la situación del italiano y de la joven rosarina. Según la documentación presentada, el hombre -un médico oncólogo de la ciudad italiana de Padua-, sería el padre de la bebé.

La investigación inicial arrojó que la joven nunca había salido del país ni tenía pasaporte, y el italiano ya había visitado el país otras dos veces: una en julio de 2023, otra en marzo de 2024.

Pese a que Migraciones no otorgó el permiso, ellos se presentaron al día siguiente en el Aeropuerto Internacional "Ministro Pistarini" de Ezeiza para abordar un avión con destino Francia.

Esta vez el hombre estaba con otro italiano que lo había acompañado en todos los viajes y ahora no sólo querían irse con la bebé sino también con la joven, quien había gestionado un pasaporte exprés en apenas 24 horas.

En tanto, cuando estaba por despegar el avión, el juez firmó la prohibición de salida del país y todos fueron detenidos en el área de preembarque, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Ahora allanaron la clínica en la que nació la bebé y el departamento donde se hospedaban los italianos. 

La pesquisa quedó en manos de la fiscal Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y protección de personas (Protex).